Cerdán
Cerdán pide otra vez salir en libertad y denuncia el "incomprensible agravio comparativo" que sufre frente al resto de investigados
La defensa del exsecretario de Organización del PSOE eleva un nuevo escrito al juzgado y lo fundamenta “esencialmente por el devenir procesal” después de que el magistrado rechazara la prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García.
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La defensa de Santos Cerdán ha presentado este viernes un nuevo escrito para solicitar su puesta en libertad. Los letrados Benet Sallelas y Jacono Teijelo apoyan la petición “esencialmente por el devenir procesal” y señalan que es "incomprensible agravio comparativo" que sufre respecto al resto de investigados tras las decisiones del magistrado Leopoldo Puente que, en dos autos recientes, rechazó dictar prisión provisional contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García.
En el escrito, los abogados se remiten a las consideraciones del instructor y sostienen que la imputación de Cerdán tuvo consecuencias directas en el Congreso. Afirman que “esta causa especial provocó su dimisión como diputado y, por lo tanto, la modificación de la configuración del Congreso de los Diputados”. Y añaden: “Desde que no está en el Congreso, el gobierno no consigue tirar adelante la mayoría de votaciones en la cámara baja”.
El núcleo de su argumentación vuelve sobre la inmunidad parlamentaria. La defensa insiste en que la de quien fue número tres del PSOE “ha sido violentada de forma clara” y que se produjo un “atropello de su aforamiento”, origen de la imputación que lo llevó a prisión provisional.
De ahí derivan una conclusión central: “En consecuencia, la prisión provisional deriva de la violación de su derecho fundamental a la participación política en la expresión de su inmunidad como diputado del Congreso”.
Críticas al método de investigación
El escrito también cuestiona el recorrido de la investigación policial. Los letrados subrayan que no constaba formalmente su condición de investigado mientras se practicaban diligencias que, según señalan, le afectaban de forma directa: “Lo que no se puede aceptar como legítimo en ningún proceso penal y mucho menos en uno contra un miembro de las Cortes Generales es que a pesar de no constar formalmente como investigado, materialmente la policía judicial durante meses trabaje en una investigación contra el mismo y llegue a elaborar un atestado de 490 páginas”.
Y rematan: “Y todo ello al margen de las garantías constitucionales y de la inmunidad prevista en la Constitución y en el Reglamento de la cámara baja”.
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