AUNQUE DESCARGA RESPONSABILIDADES EN TURU
Castells admite errores ante la juez en la tramitación del proyecto Hotel Palau
El ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, entraron en prisión sin fianza la pasada semana por su implicación en el caso.
Publicidad
El conseller de Economía, Antoni Castells, ha admitido ante la juez que la Generalitat cometió errores en la tramitación del proyecto del Hotel del Palau de la Música, aunque siempre defendió el interés público, y ha descargado la responsabilidad en la directora de Patrimonio, Immaculada Turu.
Durante su declaración como testigo, que se ha prolongado durante hora y cuarto, el conseller ha defendido que el convenio que firmó con Fèlix Millet en marzo de 2007 para la construcción del hotel era de interés para la ciudad y el Palau y ha negado con contundencia que se dejara influir por el ex responsable de la entidad musical.
A preguntas de la Fiscalía, el titular de Economía ha acabado reconociendo ante la juez algunos errores en la tramitación de las recalificaciones urbanísticas que debían facilitar la construcción del hotel.
El conseller, no obstante, se ha escudado en que él se limitó a firmar el convenio con Millet, pero que este documento no era más que un acuerdo de intenciones que necesitaba un desarrollo ejecutivo posterior, del que ha responsabilizado a la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu.
Castells ha insistido en que él no es el responsable del seguimiento del convenio. De todas formas, el conseller ha sostenido que los informes jurídicos y económicos previos a la firma del convenio no eran preceptivos -como afirma la Fiscalía- porque, al tratarse de un simple protocolo de intenciones, no comportaba obligaciones para la Generalitat, ni era necesario que el acuerdo con Fèlix Millet fuera sometido a la aprobación del Consell de Govern.
Antoni Castells ha añadido que desconocía que el Palau de la Música había cedido a un tercero el proyecto de construcción del hotel, pero ha puntualizado que ese traspaso no cambiaba la situación, porque la Generalitat tenía garantizada su compensación económica independientemente de quien fuera el explotador.
Publicidad
