Begoña Gómez sostiene que se la investiga "por ser cónyuge del presidente del Gobierno"

La defensa de Begoña Gómez ha elevado un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que cuestiona la actuación del juez Juan Carlos Peinado y asegura que la investigación abierta contra ella responde únicamente a su vínculo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicita que se declare nula la decisión del magistrado de encaminar la causa hacia un tribunal de jurado si finalmente se celebra juicio.

La esposa del presidente sostiene que no existe fundamento para relacionar su actividad profesional con la llegada de Sánchez a La Moncloa. "La única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge" del jefe del Ejecutivo, recoge el recurso presentado por su defensa.

La defensa rechaza la tesis del juez

El escrito cuestiona directamente uno de los argumentos utilizados por el instructor, que vincula la etapa profesional de Gómez con el acceso de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Su abogado recuerda que Begoña Gómez ya trabajaba en el ámbito de la consultoría y desarrollaba actividad docente "desde muchos años antes" de codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

La defensa considera que el auto del juez carece de motivación suficiente y critica especialmente la decisión de plantear un juicio con jurado popular en una causa de elevada exposición pública.

Según argumenta el recurso, el procedimiento se encuentra sometido a un fuerte "juicio paralelo" tanto en medios de comunicación como en redes sociales y comisiones de investigación, algo que, a juicio de la defensa, podría afectar al derecho a un juez imparcial.

Petición de 24 años de cárcel

La ofensiva judicial llega después de que la acusación popular liderada por Hazte Oír solicitara la apertura de juicio oral y reclamara 24 años de prisión para Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Además, las acusaciones también piden medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España por un supuesto "riesgo de fuga".

La petición afecta igualmente a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, para quien se solicitan 22 años de prisión, y al empresario Juan Carlos Barrabés, para quien reclaman seis años de cárcel.

La causa cuenta con varias acusaciones populares personadas, entre ellas Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.

Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez insiste en que el procedimiento carece de base jurídica suficiente y reclama que la Audiencia Provincial revise las decisiones adoptadas por el juez instructor.

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