Caso ERE
El PP andaluz pide suspender la entrada de Griñán en la cárcel hasta que se emitan nuevos informes
El PP-A se suma así a la Fiscalía Anticorrupción y pide suspender, de manera temporal, la entrada en prisión del expresidente andaluz, que actualmente tiene cáncer.
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Este viernes, el PP Andaluz ha presentado un escrito ante la Audiencia Provincial de Sevilla para solicitar la suspensión de la entrada en prisión de José Antonio Griñán, el expresidente andaluz condenado a 6 años de cárcel por malversación pública.
Ha sido la representación procesal de los populares en el caso de los ERE la que ha pedido esa suspensión temporal a esperas de que "el forense emita un nuevo informe sobre la evolución de su enfermedad", un cáncer de próstata por el que el expresidente socialista de la Junta de Andalucía ha pedido no cumplir condena.
"No estamos empeñados en ver a nadie entrar en prisión, y mucho menos si esa persona tiene cáncer", ha asegurado el actual portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en una línea similar a la de Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía manifestaba no "ser partidario" de que Griñán entrase en prisión.
"En el ámbito personal, mi padre falleció de cáncer. Yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Griñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre en la cárcel", aseguraba en una rueda de prensa. "Yo personalmente no puedo estar de acuerdo con ello".
A pesar de ello, desde el PP-A muestran su máxima condena a los casos de corrupción de los ERE y subrayan que el expresidente andaluz "ha sido condenado por todas las instancias judiciales".
La Fiscalía Anticorrupción también pide retrasar la entrada
Este jueves, la Fiscalía Anticorrupción pedía también la suspensión de la entrada en prisión de Griñán hasta los nuevos informes del Instituto de Medicina Legal de Sevilla.
Este último, en el último informe, explica que la entrada en un centro penitenciario "no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad, que necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance".
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En esta línea, el documento asegura que, aunque los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias son capaces de afrontar "cualquier demanda médica", pesa la consideración de que "los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria".
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