La Abogacía del Estado acusa a la juez del 8M y a la Guardia Civil de instruir una causa contra la gestión del Gobierno en el coronavirus

En el cruce de informes sobre las manifestaciones del 8M y su posible relación con la expansión del coronavirus también ha intervenido la Abogacía del Estado. Además de las investigaciones de la Guardia Civil, polémicas por sus consecuencias en cuanto a ceses y dimisiones, y otros informes como el del forense o la postura de la fiscalía, ahora se sabe que los abogados del Estado le dicen a la juez instrutura, Carmen Rodríguez-Medel, que está en una "búsqueda voraz de indicios de delito".

Los abogados dependientes del Gobierno, en representación del único investigado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, según cuenta El País, dicen en su escrito que se está intentando elaborar una causa contra la gestión de la pandemia: “Los más de 2.000 folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo”. Añaden que “la instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”, criticando que lleve la Guardia Civil toda la investigación. Acusa a los redactores de estos informes policiales de ocultar datos o incurrir en errores e impreciones. Para los abogados del Estado, como para los fiscales, se debería cerrar la instrucción.