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Investigación abierta

La Xunta pide explicaciones al Gobierno por los vagones de tren lanzados al Sil en Ourense

Varias investigaciones intentan aclarar quién autorizó el lanzamiento de vagones al río Sil. Adif ha abierto una investigación interna y el proceso también está siendo analizado por la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Los vídeos de varios particulares sirvieron para denunciar que varios operarios sacaban de las vías dos vagones descarrilados para hacerlos caer al río.

El vídeo en el que se ve a operarios dependientes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) sacando de las vías dos vagones descarrilados para hacerlos caer al río Sil, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), sigue generando polémica, que va en aumento. La Xunta, los grupos políticos gallegos y asociaciones ecologistas están indignados y piden incluso una investigación penal por presunto delito ambiental.

Varias investigaciones en marcha

El cometido parecía claro: dejar libres las vías tras el descarrilamiento de un tren de mercancías el pasado 28 de julio, para que pudiese reanudarse el tráfico ferroviario. Pero la solución adoptada ha sido sorprendente: dejar caer los vagones por un terraplén en la ladera del río Sil. Uno de ellos incluso ha quedado parcialmente sumergido en sus aguas.

La situación está generando una enorme controversia política y ecológica.

Explicaciones al Ministerio de Transportes

Desde la Xunta de Galicia, esta miércoles, se han enviado cartas dirigidas al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, como responsable de ADIF; y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de quién depende la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En sendas misivas se pide que se aclaren los hechos y que se tomen las medidas oportunas para evitar que la caída de dichos vagones dañe el patrimonio natural del entorno.

Los partidos con representación en el Parlamento de Galicia, el PSdeG-PSOE y el BNG, también han mostrado su indignación, han pedido que se aclaren los hechos y que se depuren responsabilidades.

Denuncias por posible delito ambiental

Por su parte, grupos ecologistas, como ADEGA, van un paso más allá y han instado a la Fiscalía a que investigue si ADIF ha incurrido en un delito ambiental y que, llegado el caso, se imponga una sanción penal. Además, también piden al Ministerio de Transporte que dirima responsabilidades, a la Confederación Hidrográfica que abra expediente sancionador, y a ADIF que retire los vagones lo antes posible siguiendo las indicaciones en materia ambiental e de protección de aguas.

Pero, de momento, los carruajes siguen en el mismo punto y todo indica que allí estarán bastante tiempo, mientras ADIF se compromete a estudiar la mejor opción para retirarlos y para intentar reparar el daño que se haya podido causar a ese entorno natural. Mientras, esta misma mañana se reanudaba el tráfico ferroviario en la vía, con limitación temporal de velocidad a 30 km/h en la zona afectada.