Yolanda Díaz da 'marcha atrás' en la reducción de la jornada laboral ante el clima político y la amenaza de Junts

El esperado debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, previsto inicialmente para el 22 de julio, se pospondrá hasta el periodo de sesiones de septiembre. La decisión llega en un contexto marcado por las tensiones políticas derivadas de los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE, y a petición expresa de Junts, que ha solicitado más tiempo para estudiar y trabajar la propuesta.

Fuentes ministeriales confirman este cambio tras las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el debate debe darse en las "condiciones más favorables".

El debate se traslada a septiembre

El Ministerio de Trabajo había planteado que el proyecto se discutiera en el pleno extraordinario del 22 de julio, antes del parón parlamentario de agosto. Sin embargo, en un documento "consensuado" entre Trabajo y Junts, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación catalana subraya su preocupación por la situación de las pymes, los autónomos y los trabajadores en Cataluña. En él, Junts solicita "tiempo y seguir trabajando" en la ley para que se atiendan "todas" las demandas, ya que "no es posible sin consenso" avanzar en esta medida.

Desde el Ministerio valoran positivamente esta petición, ya que interpretan que demuestra la voluntad de Junts de seguir negociando y aportar a la propuesta. Además, añaden que el actual clima político podría haber "secuestrado" el debate del 22 de julio, convirtiéndolo en un "plebiscito" sobre el apoyo al Gobierno, en lugar de centrarse en los beneficios de la medida. "El debate de la rebaja de jornada debe centrarse en una medida que están esperando más de 12 millones de personas", señalan desde el Ministerio. Y recuerdan: "Los trabajadores españoles llevan 40 años esperando esta medida, por un mes no vamos a dejar fracasar un proyecto que es esencial para los trabajadores del país".

Mantienen la esperanza de que la medida salga adelante este año

Fuentes ministeriales también han aclarado que posponer el debate no significa que el Ejecutivo renuncie a aprobar la medida en 2025. De hecho, aseguran que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios están avanzadas y no prevén "dificultades" para superar el debate a la totalidad en septiembre. En este sentido, destacan avances con Junts como el llamado ‘plan pyme 375’, que incluía incentivos específicos para que autónomos y pequeñas empresas pudieran adaptarse a la reducción de jornada. Este plan, sin embargo, fue retirado tras la falta de apoyo de CEOE y Cepyme.

El PSOE también tenía sus dudas

Desde el PSOE también se muestran cautelosos. Reconocen que tenían dudas sobre la conveniencia de debatir el proyecto el 22 de julio, dadas las reservas de Junts, una formación clave para que la medida salga adelante. PP, Vox y Junts han presentado enmiendas de totalidad para devolver el proyecto al Gobierno y frenar su tramitación. No obstante, fuentes socialistas aseguran que siguen negociando con Junts para lograr que retiren su enmienda y permitir que el proyecto continúe su curso. Recuerdan que se trata de una reforma de gran impacto, comparable al que tuvo la reforma del aborto hace una década: quienes votaron en contra entonces "fueron señalados".

Desde el PSOE admiten que la reforma podría no salir "a la primera", ya que supone un cambio cultural profundo en el ámbito laboral. Sin embargo, subrayan que no hay diferencias con Sumar respecto al fondo de la medida, y que ambos socios de Gobierno están comprometidos con su aprobación en esta legislatura.

Los sindicatos critican la decisión

Las dos principales organizaciones sindicales, UGT y CCOO, emitieron anoche un comunicado conjunto oponiéndose a la decisión del aplazamiento del debate: "Es una decisión que no compartimos, ya que aplaza el avance en la consolidación de derechos laborales ampliamente respaldados por la ciudadanía". Además, los sindicatos alertan de un "bloqueo de las mesas de negociación colectiva" y "un otoño conflictivo".

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