Vivienda social

La iglesia catalana firma un acuerdo con la Generalitat para ceder patrimonio eclesiástico destinado a vivienda social 

El gobierno catalán se encargará de reformar y gestionar lo inmuebles. Con esta cesión la Iglesia no perderá la titularidad.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas

El presidente catalán, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona y arzobispo de Tarragona, Joan PlanellasEFE

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La Conferencia Episcopal Tarraconense y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han firmado esta mañana, en el Palau de la Generalitat, un acuerdo de cesión de inmuebles por parte de la Iglesia para que sean destinados a vivienda social. "Esto forma parte de la voluntad del gobierno de ir a por todas en materia de vivienda; con los pies en la tierra, haciendo planteamientos ambiciosos, pero viables", ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su primer acto tras su baja por un problema médico.

Durante la firma, el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense i arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha querido destacar: "Esto es un granito de arena más que podemos aportar para poder tirar hacia delante esta falta de viviendas que hay. Las estadísticas dicen que casi el 25 % de la población tiene algún déficit o tiene problemas de vivienda. Cuando los alquileres van subiendo de una manera desmesurada y cada vez ahoga más a la gente joven que intenta ir hacia delante en su camino. Para nosotros este acuerdo una satisfacción".

Esta cesión no modifica los títulos de propiedad -que seguirán en manos de la iglesia-, si no que el gobierno catalán se ocupará de gestionarlos y se encargará de las obras de rehabilitación y de gestión de las viviendas sociales. Estos inmuebles son seminarios, pisos, solares o rectorías en desuso. La Generalitat decidirá quienes son los destinatarios y las condiciones.

Este nuevo protocolo de colaboración permite ordenar, con seguridad jurídica, cómo se pondrá este patrimonio al servicio de las políticas públicas de vivienda y qué mecanismos harán posible transformarlo en promociones destinadas a alquiler asequible. El texto fija un marco estable a partir del cual deberán concretarse, en los próximos meses, actuaciones en todo el territorio.

"Ahora cada diócesis identificará los bienes patrimoniales que reúnen las condiciones idóneas para que se puedan poner a disposición del gobierno de Cataluña", ha afirmado Illa.

Este convenio, que Salvador Illa ha remarcado pionero en España, tiene una duración de 4 años renovables y la duración de las cesiones variarán en funciona del inmueble; pueden ser de 30 a 75 años. Con la firma de este protocolo se busca paliar el problema habitacional de Cataluña y ampliar así el parque publico de vivienda. Los pisos serán reformados. Una vez listos, podrán instalarse familias vulnerables.

Trabajo conjunto

Para alcanzar el objetivo se creará una mesa de trabajo integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y cinco miembros designados por la Generalitat de Catalunya, entre los cuales, cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito de urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia la Generalidad de Cataluña. Paralelamente, se creará una Comisión de Seguimiento de este Protocolo integrada por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y por tres representantes de la Generalidad de Cataluña.

La operativa se desarrollará de forma individualizada con cada obispado, analizando la disponibilidad real de su patrimonio y definiendo, caso por caso, la mejor vía para hacer posible el uso residencial con fines sociales. Este trabajo de campo deberá permitir priorizar las actuaciones que se puedan poner en marcha con mayor rapidez.

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