El Gobierno aprueba con retraso la subida del 0,5% a los funcionarios

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la aplicación del incremento retributivo del 0,5% pendiente desde 2024 para los empleados públicos. La medida afecta a más de tres millones de trabajadores del conjunto de administraciones y completa el calendario acordado en el Marco para una Administración del Siglo XXI, suscrito en 2022 entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CC.OO.

Según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, el aumento salarial tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, tal como establecía el pacto firmado durante el mandato de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La aplicación de este tramo adicional eleva al 2,5% la subida acumulada en 2024, tras un alza del 2% ya aplicada.

El acuerdo contemplaba mejoras salariales en tres ejercicios consecutivos. En 2022 se ejecutó un incremento del 3,5%, seguido por un alza del 3,5% en 2023, dividida entre un tramo fijo del 2,5% y otro del 1% ligado a indicadores como el IPCA o el PIB. Para 2024, se fijó una subida del 2%, a la que ahora se suma este último 0,5% tras confirmar la evolución del índice armonizado de precios.

Desde el Ministerio de Hacienda, se recuerda que todas las subidas acordadas tienen carácter consolidable, lo que supone un aumento permanente en las nóminas futuras.

Críticas sindicales por el retraso

Los sindicatos mayoritarios del sector público han acogido con satisfacción la aprobación definitiva, aunque han mostrado su malestar por la demora. UGT y CC.OO. han lamentado el retraso de 18 meses en aplicar una medida pactada y ya garantizada en función de los indicadores económicos. También han recordado que quedan aún compromisos pendientes por parte del Gobierno.

En la misma línea se ha pronunciado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). En un comunicado, recuerdan que han sido necesarias decenas de movilizaciones en distintas ciudades del país, así como una queja formal dirigida al Ministerio de Presidencia, para que el Ejecutivo cumpliera este último tramo.

Más reclamaciones sobre la mesa

Los sindicatos han aprovechado el anuncio para reiterar otras reivindicaciones que continúan sin resolver. Entre ellas, destacan la necesidad de abrir una nueva negociación salarial, abordar una oferta de empleo público sin tasa de reposición y recuperar la estructura retributiva anterior a los recortes de 2010.

Desde CSIF también reclaman mejoras en las condiciones de jubilación tanto en el Régimen General como en Clases Pasivas. En cuanto a los atrasos, confían en que se abonen durante el mes de julio, tras confirmar que los departamentos ministeriales han recibido ya la instrucción para ejecutar los pagos.

La subida se produce en un momento de pérdida continuada de poder adquisitivo. Según cálculos del propio sindicato, los empleados públicos han acumulado una merma del 8% desde 2022, y casi un 20% desde los recortes decretados en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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