Las comunidades vetan el piso turístico: "Casi todas las que votan lo prohíben"

Hasta hace poco, la apertura de una vivienda de uso turístico en un edificio dependía, en gran medida, de la decisión de su propietario y de la normativa municipal. Ahora, el escenario ha cambiado. La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, aprobada en 2025, ha trasladado parte de esa capacidad de decisión a quienes comparten el inmueble: los propietarios.

Desde entonces, cualquier persona que quiera destinar una vivienda al alquiler turístico necesita la autorización expresa de la comunidad de propietarios, con el respaldo de una mayoría de tres quintas partes. Un cambio que ha convertido las juntas vecinales en el lugar donde se decide no solo la implantación de este tipo de alojamientos, sino también el modelo de convivencia que quieren preservar los edificios.

"Ahora la comunidad toma la decisión", resume Alejandro Miralles, administrador de Fincas Cholo en Lugo, quien asegura que esta cuestión se ha convertido en una de las consultas más habituales entre las comunidades que gestiona.

Según explica, la principal preocupación de los propietarios no está tanto relacionada con el turismo como con la incertidumbre que genera la llegada constante de personas desconocidas. "Lo que más inquieta es no saber quién entra y sale del edificio o el uso que se hace de las zonas comunes", señala. Aun así, insiste en que la existencia de viviendas de uso turístico no implica necesariamente conflictos y que, en muchos inmuebles, residentes y visitantes conviven con absoluta normalidad.

Pese a ello, la tendencia que observa es clara. "Casi el 100 % de las comunidades que administramos y que llevan este asunto a votación aprueban limitar o prohibir nuevas viviendas de uso turístico", afirma. En su opinión, la mayoría de los propietarios prefiere mantener el carácter residencial del edificio y considera que la última palabra debe recaer en quienes viven en él.

La normativa también contempla que aquellas comunidades que sí permitan esta actividad puedan establecer determinadas condiciones, como incrementar hasta un 20 % la cuota comunitaria de esas viviendas para compensar un mayor uso de los elementos comunes.

Pero ¿cómo se vive esta realidad fuera de las juntas de propietarios? Salimos a la calle y comprobamos que la percepción se repite.

Laura vive en Málaga. En su edificio hay cinco viviendas de uso turístico, aunque la comunidad ya decidió que no permitirá nuevas aperturas. Ella misma reconoce que utiliza este tipo de alojamientos cuando viaja, pero considera que no deberían instalarse en edificios residenciales.

"Yo no lo veo", responde cuando se le pregunta por este modelo. Su postura refleja la de muchos propietarios que, sin haber sufrido problemas de convivencia, prefieren mantener el uso residencial de sus edificios y evitar la incertidumbre que les genera el constante tránsito de personas desconocidas.

A varios cientos de kilómetros, en Valencia, Paco y Susi han vivido un proceso similar. En su urbanización, la posibilidad de autorizar viviendas de uso turístico llegó a debatirse en una junta de propietarios. Los vecinos ejercieron un derecho que hasta hace poco no tenían y decidieron, mediante votación, no permitir su apertura.

Aunque reconoce que el alquiler turístico es una actividad que favorece la economía y atrae visitantes, Miralles asegura que ese argumento rara vez resulta determinante cuando llega el momento de decidir. "Los vecinos no ven realmente una ventaja para ellos mismos en que haya una vivienda de uso turístico en su edificio", explica.

Para el administrador, la reforma ya está teniendo consecuencias. "El hecho de que ahora las comunidades puedan tomar decisiones sobre los pisos turísticos está reteniendo un poco ese fenómeno, por ejemplo, en Lugo", concluye. La norma ha desplazado el debate a las comunidades de propietarios y, al menos por ahora, la mayoría parece tener clara cuál es su respuesta.

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