La "acción decidida" que exigía el FMI a España para detener la erosión de los mercados ha venido servida en forma de cifra, 100.000 millones de euros, los que Europa está dispuesta a poner sobre la mesa para recapitalizar la banca.
La cifra excede todas las expectativas que existían sobre las necesidades de la banca, a la que se calculan unas necesidades de capital de unos 40.000 millones de euros, que podrían elevarse a 80.000 si la situación empeora, según el FMI.
Los 100.000 millones, por tanto, implica que la banca española estará protegida incluso si se desencadena el peor de los escenarios, en un claro mensaje a los mercados, que en las últimas semanas habían castigado a la bolsa y la deuda, pero este lunes logran darse la vuelta y 20120530-NEW-00031-false|||crisis en mayo de Bankia, que requerirá una inyección de capital de 23.000 millones, la que disparó todos los temores de los inversores de que el 'agujero' de capital de la banca era inmenso, y lo que es peor, estaba oculto.
Fruto de este pánico inversor, la20120601-NEW-00018-false|||la bolsa se desplomó hasta niveles desconocidos desde 2003. Con la rentabilidad del bono español disparada, llegó al 6,69 %, resultaba evidente que España no podía seguir costeando durante mucho tiempo esta financiación y que debía convencer a los mercados de que el sector financiero va a ser salvado, aunque su coste sea elevado.
¿Habrá consecuencias para los ciudadanos?
No hay rescate sin condiciones y 20120521-NEW-00011-false||| informes encargados a firmas independientes sobre la cartera crediticia de la banca.
Las primeras cifras se conocerán el 21 de junio, cuando se publiquen las conclusiones del informe de las consultoras independientes Roland Berger y Oliver Wyman contratados para recabar los datos sobre las necesidades de capitalización de la banca española y que emitirán cada una un informe.
Ambas consultoras utilizarán dos escenarios para hacer sus cálculos, el primero basado en la situación "más probable" y el segundo, dibujando un escenario más "estresado", donde se asume una peor coyuntura económica y una caída más significativa de los precios de los activos inmobiliarios.
En paralelo, cuatro firmas auditoras, PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG, están evaluando también las carteras crediticias de los bancos españoles, no sólo las inmobiliarias, sino también las de créditos al consumo, a las empresas y a las familias, para afinar los saneamientos necesarios.
Estas firmas terminarán su trabajo previsiblemente el 31 de julio y será en ese momento cuando el Gobierno tendrá que decidir qué volumen de fondos reclama a Europa.
