Bruselas propone endurecer las penas por malversación pese a la reforma de Sánchez

Peligra la reforma de los delitos de malversación aprobada hace tan solo cinco meses por el Gobierno de Pedro Sánchez que tanto satisfacía a sus socios. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles una propuesta legislativa que pretende armonizar las penas por delitos de malversación en todos los estados miembros de la Unión Europea, por la que España tendría que volver a reformar el Código Penal.

Bruselas propone fijar en 5 años el máximo de las condenas interpuestas a quienes cometan un delito de malversación. Recordemos que esta es una grave infracción vinculada directamente con la corrupción, ya sea bajo un intento de apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal de los bienes que lo conforman.

La propuesta, que para ser aprobada necesita recibir el visto bueno del Consejo de la Unión Europea y la posterior tramitación en el Parlamento Europeo, se presenta en forma de directiva, por lo que obliga a los Veintisiete a adoptar las medidas que tienen el objetivo de condenar determinadas conductas que van más allá del soborno. La malversación, según Bruselas, hace referencia a la apropiación o el uso improcedente de bienes por parte de un funcionario que son administrados de forma directa o indirecta contra la finalidad para la que iban a ser destinados. Así aparece definida en la nueva directiva europea, que pretende armonizar la legislación sobre el delito de malversación en todos los estados de la UE.

¿Qué cambios tendría que hacer el Gobierno en caso de transponerse la directiva?

La norma comunitaria endurecería así la reforma penal aprobada hace apenas cinco meses por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pues solicita que las condenas por soborno, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones sean penadas con condenas de un mínimo de 5 años en prisión.

La reforma liderada por el bloque socialista español entró en vigor el pasado 12 de enero gracias al apoyo de las enmiendas de ERC. Esta cambiaba así el Código Penal dividiendo el delito de malversación en base a si existe o no ánimo de lucro en la utilización ilícita de fondos públicos. También, imponía una condena que transcurre desde los 6 meses a los 3 años en prisión para aquellos que infrinjan la legislación, algo que suponía una novedad con respecto al marco legal de la malversación en nuestro país pero ahora, en caso de transponerse la directiva europea al reglamento español, debería quedar desautorizada.

Por otro lado, la propuesta legislativa que Bruselas ha publicado este miércoles obligaría a reformar el actual artículo 433 del Código Penal español, por el que aquellos que son castigados en caso de dar una "aplicación pública diferente" al patrimonio público, podrían recibir como máximo una condena de cinco años en prisión.

Si el Parlamento Europeo aprueba la directiva, los cambios en la ley española tardarían más de un año en llegar, y la polémica en el ámbito político estaría asegurada, generando menos discusión en su aplicación práctica.

"La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE", explicó el pasado mes de enero Didier Reynders, el comisiario de Justicia. Así, quedaba claro que en Bruselas no había gustado mucho la reforma sacada adelante por el bloque izquierdista español por lo que ahora la UE intentará combatir aún más con las prácticas de corrupción que según Vera Jourová, la vicepresidenta de la Comisión Europea, "es como un cáncer" que puede destruir las instituciones de "nuestra sociedad democrática".

¿Derecho a la intimidad o al libre mercado?

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