Estafas
Agricultores malagueños denuncian una supuesta estafa de casi medio millón de euros por una comercializadora de frutas y hortalizas
"Estamos desesperados después de 4 años sin ver un duro y sin recibir explicaciones de la empresa. La situación es muy difícil, no podemos parar nuestro trabajo y hemos tenido que pedir prestamos y favores de almacenes para pagar cuando podamos", declaran los agricultores.

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Un grupo de unos 20 agricultores malagueños se ha concentrado este miércoles frente al Mercado Mayorista de Vélez-Málaga para denunciar públicamente los impagos que dejaron a 16 familias con una deuda que supera los 400.000 euros, a raíz de una presunta estafa perpetrada por la comercializadora almeriense 'La Unión' a finales del año 2021. Este supuesto fraude ha sumido a estos profesionales del campo en una grave crisis económica, afectando principalmente a los productores de hortalizas de invernadero y frutas subtropicales como tomates, pimientos, pepinos y aguacates.
Según relatan los afectados, la relación comercial que mantenían con La Unión, su distribuidor habitual, se rompió cuando comenzaron a acumularse los impagos. Ante esta situación, los agricultores emprendieron acciones legales para intentar recuperar lo adeudado y evitar que prácticas fraudulentas como esta se repitieran en el futuro.
A pesar de los esfuerzos legales, la empresa La Unión entró en concurso de acreedores en el verano de 2024. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, la compañía ha logrado estabilizar su situación económica y continúa operando con aparente normalidad.
En ese sentido, el secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, lamenta que "estas empresas siguen operando como si nada hubiera pasado, lo que no solo perjudica a los afectados directos, sino que pone en peligro a otros agricultores que podrían estar en una situación similar. Es urgente que se actúe para evitar que estos fraudes sigan ocurriendo".
El Juzgado de Primera Instancia de Vélez Málaga ha asignado recientemente el expediente a un funcionario y esperan que a finales del mes de mayo comience la toma de declaración a los afectados.
Juan Jesús Gil lamenta que están "desesperados después de 4 años sin ver un duro y sin recibir explicaciones de la empresa. La situación es muy difícil, no podemos parar nuestro trabajo y hemos tenido que pedir prestamos y favores de almacenes para pagar cuando podamos".
A David González le deben 90.000 euros y "solo pedimos que nos paguen el dinero que nos deben. Somos familias humildes y tengo a varios trabajadores a mi cargo. Es insostenible".
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