Su caso ha llegado a la Audiencia Nacional. Una joven grancanaria, en paro y con dos hijos, tiene que devolver una beca que le concedió el ministerio de Educación en 2012. El problema, dice Jennifer, es que a penas tiene ingresos para afrontar ese pago. Sí, lo que pensó que iba a ser una ayuda para su futuro, se ha convertido en un quebradero de cabeza. Al terminar el curso se quedó once décimas por debajo de la nota exigida y ahora el Estado le reclama la ayuda: 2300 euros más los intereses.
Jennifer es madre soltera de dos hijos, está en paro y ahora tiene que afrontar el pago de una ayuda que se le otorgó en 2012 para estudiar un ciclo formativo en este instituto. El Estado le reclama los 2300 euros, mas los intereses.
Así lo establece la sentencia de la Audiencia Nacional. Porque al acabar el curso, Jennifer no consiguió la nota mínima exigida, un 5,5. Obtuvo un 5,39.
Ahora busca alguna opción de pago fraccionado. Su único ingreso, dice, son los 180 euros de la pensión alimenticia que recibe por uno de sus hijos.
Jennifer, a pesar de que perdió la beca, terminó el ciclo formativo y obtuvo su título de educadora infantil.
