Sentencia pionera. La Consejería de Educación está obligada a poner los medios materiales y profesionales necesarios para atender a los alumnos disléxicos. La sentencia responde a la denuncia de una familia y no admite recurso. Así lo ha estipulado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en esta sentencia sin precedentes, que obliga a la Consejería de Educación a adoptar medidas para que el menor, que hoy tiene 11 años, y padece dislexia pueda progresar en sus estudios.
Fanny, presidenta de la asociación La Casa del Funcionario, ha acompañado a la familia en todo este proceso. El menor estudiaba en un centro concertado y fueron unas pruebas especializadas privadas las que determinaron lo que tenía. Un diagnóstico que, el colegio donde estudiaba el niño por ese entonces, ignoró, no así la justicia.
El niño cursa sus estudios actualmente en otro centro.
Y esos derechos no eran otros que adaptar la metodología de enseñanza a su trastorno de aprendizaje.
