El alcalde confía en estar a tiempo de poder parar este derribo en los tribunales.
El alcalde asegura que de momento el ayuntamiento no ha recibido esa notificación oficial que obligaría a demoler la biblioteca. El consistorio, ya había presentado un recurso de nulidad y posteriormente un incidente de nulidad que aún no ha sido contestado por el supremo. Cardona asegura que aún existen otras herramientas jurídicas para evitar su derribo.
Si no prosperan los nuevos argumentos este edificio público del estado quedará reducido a escombros en un plazo máximo de dos meses. Su licencia otorgada en 1997 por el ayuntamiento era ilegal según una sentencia del tribunal supremo del año 2002. Esta comunidad de vecinos denunció la construcción, les habían vendido unas viviendas con unas vistas al mar que ya no tenían. El Supremo atendió el caso añadiendo además que el edificio se había ubicado en un emplazamiento distinto al contemplado en el plan de ordenación.
Los usuarios creen que ahora debe primar el interés general.
Una biblioteca que visitan cada año más de 400.000 personas.
