El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha considerado que en el Gobierno catalán hay "voluntad de hablar y buscar una solución más allá de lo que pueda ser el 1 de octubre". Asimismo, ha afirmado que hay que ser "honestos" y "saber que el 1 de octubre, tenga lugar lo que tenga lugar, no tiene las garantías debidas" de un referéndum.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, Urkullu ha indicado que ve "con preocupación" la situación en Cataluña y, en este sentido, ha reiterado su denuncia de "la judicialización de la política en todos los ámbitos". "Hay un error tras error en la gestión por parte de los poderes del Estado en una demanda que se ve que es ampliamente compartida en el pueblo catalán", ha lamentado.
El presidente vasco ha apelado, en este sentido, al "sentido de la política más allá de las ligaduras internas que puedan tener algunas formaciones políticas con discursos del pasado". A su entender, "es necesario que todos los representantes políticos e institucionales seamos conscientes de que hay un problema".
"Que desde el Gobierno español, particularmente, y el PP también reconozcan que ésta no es una cuestión puntual, sino que viene de lejos y que obedece a un problema político, de definición del modelo de estado y de dar respuesta a una articulación territorial que es necesario en el siglo XXI y que viene arrastrándose como problema desde hace más de dos siglos en el Estado", ha apelado.
En este marco, ha apuntado que es necesario, "incluso antes del 1 de octubre", que haya "planteamientos políticos o discurso político por parte de quien tiene una responsabilidad importante, como es el Gobierno español y el PP, de decir 'reconocemos que estamos ante una cuestión que necesita de un diálogo político para dar una solución política, y no por la vía judicial como la está arbitrando".
El lehendakari ha reconocido que "da la sensación" de que no se puede reconducir la situación, si bien ha precisado que es "difícil hablar por boca de otro cuando los otros son también una amalgama, tanto el Gobierno español --por lo que es la deriva a otros poderes del Estado como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitución, la Fiscalía también que da la impresión de que actúa por su cuenta y riesgo sin atender a lo que es una convivencia política-- y también la representación institucional del pueblo catalán --compuesta por JxSí y la CUP--".
En cualquier caso, en su opinión, "en relación a la representación institucional de Cataluña, ha habido pronunciamientos de querer hablar, de estar dispuestos a hablar, aun cuando no puedan descabalgarse de las decisiones adoptadas la semana pasada" en Parlament con la aprobación de las leyes de Referéndum y Transitoriedad.
"Creo que hay una voluntad de hablar y, además, de buscar una solución más allá de lo que pueda ser el 1 de octubre", ha indicado Iñigo Urkullu, que ha apuntado que le "preocupa" que las decisiones adoptadas en el Parlamento catalán "hayan sido según los procedimientos que se han seguido" y, además, dejan "sin efecto el Estatut" y "sin valor el ámbito político, jurídico, institucional que hasta ahora se ha venido construyendo".
Según ha indicado, "más allá de las decisiones de la semana pasada", se debe ser "honestos, saber que el 1 de octubre, celébrese lo que se celebre o tenga lugar lo que tenga lugar, no tiene las garantías debidas de lo que, en principio, sería una aspiración a celebrar como referéndum".
Además, ha agregado, se debe "reconocer que, en esa falta de garantías, hay una parte importante, que es que representantes institucionales de la sociedad catalana no van a compartir la facilitación de la colocación de urnas o de colegios electorales".
"Y eso refleja ya un poco el valor que pueda tener el 1 de octubre en sí mismo en cuanto a resultado. Otra cosa es el sentir de lo que es el 1 de octubre, que es demandado por una parte importante del pueblo catalán y que es lo que hay que tomar en consideración", ha apuntado.
De este modo, ha manifestado que "estamos cada día a tiempo para reconocer públicamente que estamos ante un problema político" y que no sólo es "una cuestión legal, jurídica", de modo que, "antes y después del 1 de octubre, tendremos que abordar este problema político con altura de miras y con voluntad política, basada en el diálogo". "Si no hay voluntad política, no hay diálogo", ha advertido.
