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JUZGADO EN EL SUPREMO

Mediapro califica como "un atentado contra la libertad de expresión" que su documental sobre el 1-O aparezca como prueba delictiva en la causa contra el 'procés'

En un comunicado, la productora de Jaume Roures se pregunta si es un delito realizar un documental sobre la jornada del 1 de octubre, después de que uno de los informes de la Guardia Civil enviado al juez Pablo Llarena sitúe a su presidente como posible integrante del "comité ejecutivo" que dirigía el proceso independentista.

El grupo audiovisual Mediapro califica como "un atentado contra la libertad de creación, expresión y pensamiento" el informe de la Guardia Civil que sitúa a su presidente, Jaume Roures, como posible integrante del "comité ejecutivo" que dirigía el proceso independentista.

Según destaca el grupo audiovisual en un comunicado, el informe, remitido al juez del Supremo Pablo Llarena, adjunta un DVD con el documental '1-O', producido por esta compañía, "como prueba de la implicación de Jaume Roures y Mediapro en la conspiración para proclamar la independencia de Cataluña".

En este sentido, Mediapro considera "extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento que la producción de un documental sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva". "Dichas libertades -continúa la nota de Mediapro- contempladas en la Constitución, amparan a cualquier ciudadano y exigimos que sean respetadas también para los profesionales que realizaron '1-O', atendiendo al evidente interés informativos de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017".

Para Mediapro, "criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar" las voces de las personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre, mientras destaca que la emisión de '1-O' registró un récord de audiencia, con más de 1.100.000 espectadores en TV3 y una cuota de pantalla del 34'4%.

Mediapro "tampoco entiende que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones a todas las partes implicadas", y recuerda en el comunicado que sólo la mitad de las comparecencias correspondieron a miembros del Govern.

Resalta además que este centro organizado por el grupo audiovisual "acreditó a más de 400 periodistas de 150 medios de hasta 33 países de todo el mundo".

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