NO HAY RESPONSABILIDAD PENALMENTE RELEVANTE

NO HAY RESPONSABILIDAD PENALMENTE RELEVANTE

Grande-Marlaska archiva la causa sobre la compra irregular del Yak-42

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 que se estrelló en 2003 en Turquía al considerar que el siniestro lo provocó la falta de preparación de la tripulación de la aeronave.

Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional
Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional | antena3.com

Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado hoy en el que desoye las peticiones del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, y de varios de los familiares de los 62 soldados muertos el 26 de mayo de 2003, que le pidieron que llevara a juicio por homicidio por imprudencia grave a seis mandos de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo.

Marlaska, aunque reconoce la gravedad del siniestro, considera que los seis altos cargos militares imputados no tenían capacidad para haber evitado el accidente con alguna actuación suya, y concluye que en ellos no hay "reponsabilidad penalmente relevante". Sin embargo, no descarta que pudiera existir "cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", sin especificar de qué tipo.

Basándose en un informe pericial de la Comisión de Investigación, el magistrado sostiene que "no fueron las circunstancias de mantenimiento de la aeronave las causas, ni directas ni indirectas del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en el aeropuerto" de las características del de Trebisonda, con una orografía montañosa.

Y es que a la ausencia de unos cursos de gestión de cabina que permitieran a la tripulación reaccionar ante situaciones de riesgo, se sumaron "las condiciones de cansancio y estrés consecuencia de las primeras maniobras frustradas de acercamiento, llegando a perder el control de su situación espacial concreta", según el auto. Por ello, teniendo en cuenta las causas del accidente, "no se estima exigible" a los imputados "una acción concreta omitida, intencional o imprudente, relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral".

Hasta ahora han estado imputados en esta causa el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en el momento del accidente, Antonio Moreno Barberá, el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta Manella, y el jefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez. Los otros dos son los también miembros del EMACON Joaquín Yáñez y Alfonso Elías, así como el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN NAMSA.

Marlaska quiere "dejar constancia clara de que la presente resolución en modo alguno desvirtúa la propia gravedad de los hechos", la muerte de 62 militares españoles en un accidente mientras regresaban a España "tras realizar operaciones humanitarias". Asimismo, el juez considera que la insuficiente capacidad de transporte aéreo con que cuenta Defensa, la problemática del movimiento de tropas y material "no puede estimarse generador de un riesgo añadido, al que por sí ya lleva cualquier operación militar en un escenario conflictivo tan alejado".

En su opinión, tanto de las comisiones rogatorias como de las testificales no se desprende ningún dato objetivo "que infiera una mínima duda" sobre una "hipotética" responsabilidad penal de los militares. Con estos argumentos, Marlaska rechaza el criterio de la Fiscalía, que sostuvo que había indicios para llevar a juicio por imprudencia grave a los "responsables militares" de la contratación del Yak-42 al estimar que su "absoluta falta de diligencia" está en el origen del siniestro.

Esta causa era la única pieza pendiente relacionada con el accidente ocurrido en Turquía, ya que la que investigó las responsabilidades por la identificación errónea de los cadáveres de 30 de los fallecidos se cerró en 2009, cuando la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez. Contra la resolución de Marlaska cabe interponer recurso de reforma ante el propio juez y de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

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