TRAS REUNIRSE CON MARTINELLI

TRAS REUNIRSE CON MARTINELLI

Ana Pastor anuncia un principio de acuerdo en el conflicto del Canal de Panamá

La ministra de Fomento se ha reunido con el presidente panameño Ricardo Martinelli, un encuentro en el que se ha acordado que Sacyr realizará todas las reclamaciones según lo establecido en el contrato. "El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones van por la vía dentro del contrato (...) por lo tanto ya hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas", explicó Ana Pastor.

El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, que lidera Sacyr, se ha comprometido ha procesar sus reclamos según lo establecido en el contrato y abrir un diálogo con la administración de la vía en busca de una solución al conflicto que amenaza con paralizar la obra, anunció este lunes la ministra española de Fomento, Ana Pastor.

"El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones va ir por la vía dentro del contrato (...) por lo tanto ya hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas", aseguró Pastor a los periodistas tras un reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio liderado por Sacyr, anunció el miércoles que suspenderá las obras de ampliación del Canal de Panamá ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por el importe inicialmente fijado en el contrato.

El consorcio -integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una nota de preaviso de suspensión de los trabajos, por la que dispone de 21 días para "cumplir con los requerimientos solicitados" si quiere evitar la paralización de las obras.

Este sobrecoste asciende a unos 1.600 millones de dólares (1.168 millones de euros) -que se sumarían a los 5.250 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros) del contrato- y corresponden a supuestos incumplimientos contractuales por parte de la ACP a los que no ha dado respuesta, según los constructores.

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