La Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) ha remitido a la Fiscalía un informe que apunta a que Infancia Libre, la organización que se dedicaba supuestamente a la protección de los niños, operaba como una organización criminal.
Desde el 1 de abril han sido detenidas María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y otras tres mujeres vinculadas a esta organización. Fue ella la que en 2017 participó en una comisión en el Congreso de los Diputados invitada por Podemos donde denunció varios casos de abusos sexuales de los "más de 170" que, según decía, habían sido contabilizados por esta organización.
La Fiscalía no ha decidido si abrirá diligencias de investigación agrupando los cuatro casos dentro de un único procedimiento, incluyendo otras denuncias de afectados. Según precisan fuentes jurídicas, el Ministerio Público aún tiene que estudiar el informe policial.
Este informe, según ha adelantado la Cadena Ser, consta de unas 200 páginas y fue entregado el pasado 23 de julio en la Fiscalía Provincial de Madrid. Los investigadores de la Policía apuntan a que la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denunciar falsas al objeto de perjudicar a los padres retirando la custodia de los menores. Para ello, las madres denunciantes fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias con un mismo patrón.
En concreto, se han recabado indicios de que Infancia Libre dirigía a las madres al psiquiatra Antonio Escudero y a la abogada Carmen Simón. Desde Granada actuaban psicólogas en connivencia con la asociación. Los agentes de la Policía Judicial han tomado declaración a unos 50 padres desde que el pasado mes de abril fuera detenida por retención de su hijo María Sevilla, presidenta de Infancia Libre.
La Policía ha elevado a Fiscalía una veintena de casos por posibles delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial vinculados a la asociación. La asociación cobró notoriedad con la detención el pasado 1 de abril de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, por sustracción de menores tras incumplir una sentencia que daba la custodia de su hijo de once años al padre del niño, que llevaba sin escolarizar seis meses.
El 11 de mayo los agentes arrestaron a una segunda madre, Patricia González, por saltarse reiteradamente el régimen de visitas, y el 21 de mayo a Ana María Bayo, acusada de ocultar a su hija a su expareja durante dos años. Ambas también eran miembros de Infancia Libre.
La cuarta y última detención se produjo el pasado 18 de junio. Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de Infancia Libre, fue localizada en Granada y acompañada por la Policía ante un juzgado por retener presuntamente a su hija incumpliendo resoluciones judiciales. De la Osa se acogió a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada. El juez acordó en ese momento como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija pasara provisionalmente a cargo de una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor.
Tras conocerse la primera detención, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF) explicó a preguntas de Europa Press que no tenían contacto con Infancia Libre "desde hacía años" y que todas las comunicaciones vía correo electrónico eran devueltas. Además, desde UNAF precisaron que no habían podido dar de baja a la asociación precisamente porque nunca hubo acuse de recibo por parte de María Sevilla, el único contacto que tenían de esta organización.
