Los Mossos d'Esquadra de Tráfico han impuesto un total de 1.061 denuncias a prostitutas y clientes en las carreteras de Cataluña tras un año de aplicación de la normativa que permite multar a las meretrices que estén en el arcén.
Según ha informado la Consejería de Interior en un comunicado, de estas 1.061 denuncias impuestas en las carreteras de titularidad de la Generalitat, se han tramitado 1.018, además de que se han levantado 288 actas en vías estatales.
Por provincias, en Barcelona se han puesto 613 denuncias, en Girona, 349, en Tarragona, 95, y en Lleida, 4, y el 59,5% de los multados son extranjeros, el 23,7% tienen permiso de residencia y el 13,6% son de nacionalidad española.
Según asegura Interior, que no detalla cuántas denuncias son a prostitutas, en todo el territorio se ha registrado un descenso de meretrices de entre el 40% y el 60%, aunque las mujeres que trabajan a pie de carretera manifiestan que no tienen intención de irse.
En algunas carreteras, además, se ha detectado que las prostitutas se han desplazado a más de 50 metros de la línea del arcén. En declaraciones a los periodistas en una visita a Portbou (Girona), el consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha hecho una "valoración positiva" del primer año de puesta en marcha del operativo, que da cumplimiento a la ley de carreteras catalana.
Ha constatado que desde su departamento ven "importante" que en este año se haya reducido un 50% este fenómeno en el arcén de la carretera.
Sin embargo, ha puntualizado que ésta "no es una solución a la cuestión de la prostitución", sino que se limita a dar cumplimiento a una modificación legislativa del Parlament, atendiendo a la petición de alcaldes, autoridades y ciudadanos que veían con preocupación el ejercicio de la prostitución en el arcén.
"Resultado razonable"
Ha anunciado que la operación continuará porque "ha dado un resultado razonable" y hay un mandato de una ley que debe cumplirse. La Operación Voral -'arcén' en castellano- se puso en marcha el 13 de junio de 2012 y las sanciones a esta práctica las tramita el Servei Català de Trànsit (SCT), en base a la nueva Ley catalana de carreteras, que ya contempla prohibir esta práctica en las carreteras tras la aprobación de la Ley de Simplificación y Mejora de la Regulación, la primera del conjunto de leyes 'ómnibus' catalanas.
Este tipo de práctica se considera una infracción grave y las multas pueden alcanzar hasta 30.000 euros. La Consejería creó un fichero de datos de carácter personal para poder tramitar los expedientes sancionadores que les permite tratar datos de quienes sean multados como su nombre, nacionalidad, edad y DNI, y el motivo de la multa.
