Imputados 4 directores de centros de menores de Canarias por desviar más de un millón de euros de fondos europeos

La Policía Nacional en Canarias ha concluido una compleja investigación en el ámbito económico-patrimonial que ha terminado con la imputación de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote. Además, también se ha imputado a un empresario del sector inmobiliario y de la fundación gestora de los centros que sería, presuntamente, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

Las investigación la ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, tras la recepción en 2022 de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España, que advertía de multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas. Dichas operaciones fraudulentas estaban vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.

Se analizaron miles de documentos bancarios y contables y se descubrió que los investigados desviaron para su propio beneficio económico, parte de los fondos europeos 'Next Generation' transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para el mantenimiento y funcionamiento de los centros. Los investigados habrían retirado en efectivo un millón de euros y habrían sufragado numerosos gastos personales desde gasolina o comidas en restaurantes hasta operaciones estéticas y vacaciones, con dinero de los centros. Del total de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros y se realizaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares. Durante la investigación también se descubrió un entramado de alquileres sobredimensionados con los que obtenían importantes beneficios en el alquiler de los inmuebles que albergaban los centros de menores. El empresario propietario de las edificaciones, con la complicidad de fundación que gestiona los centros de menores inmigrantes, utilizaba sociedades interpuestas para alquilarlos a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado. Se ha podido saber que los sobreprecios llegaron a superar los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023 y los fondos eran desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, evidenciando prácticas de blanqueo de capitales.

Estas prácticas fraudulentas por parte de los directores de los centros fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales. Tras ello y a requerimiento judicial, la fundación entregó miles de documentos contables con los que intentó justificar las operaciones pero en los que se detectaron facturaciones duplicadas o triplicadas, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros.

Operación 'TABAIBA'

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas abrió Diligencias de Investigación y habilitó el inicio de la operación 'TABAIBA', de tres años de duración. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran

Canaria asumió la instrucción de las actuaciones, que continúan bajo la dirección de la Fiscalía Europea.

Los investigadores solicitaron realizar una auditoría para determinar con exactitud el importe total de dinero malversado, y la investigación se ha saldado con cinco imputados, los cuatro directores de centros y el empresario inmobiliario; y una fundación investigada. Los cinco carecen de antecedentes policiales y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años.

Las actuaciones judiciales continúan abiertas, y todavía falta por determinar el alcance económico exacto del daño causado a los fondos europeos y públicos.

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