El Gobierno aprueba el decreto que endurece los criterios de creación de universidades

En la actualidad, el Sistema Universitario Español (SUE) está compuesto por 50 universidades públicas y 46 privadas. El Ejecutivo quiere asegurar que todas cumplan con un modelo educativo sólido. Según datos del Ministerio de Ciencia e Innovación recogidos por la Fundación CYD, el número de centros privados se ha multiplicado por tres. La medida busca controlar el crecimiento de instituciones que no cumplen con los mínimos exigibles en docencia e investigación.

Pedro Sánchez ya adelantó hace medio año su intención de frenar lo que él mismo denominó como la creación de "chiringuitos universitarios", criticando que algunos proyectos se centran más en expedir títulos que en ofrecer una educación de calidad.

Durante su tramitación, el texto del decreto ha sido objeto de negociación con las comunidades autónomas y ha sido modificado tras recibir observaciones de entidades como el Consejo de Estado o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), además de representantes del ámbito educativo.

Entre las principales novedades del nuevo marco normativo está el fortalecimiento del papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias autonómicas de evaluación. Sus informes pasarán a tener carácter vinculante. Además, se formará una comisión evaluadora donde la mayoría del profesorado será elegido por sorteo.

El decreto también impone la necesidad de alcanzar un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo máximo de seis años desde el inicio de la actividad, aunque en algunos casos se podrá flexibilizar hasta los 3.150 alumnos. Por otro lado, los promotores deberán demostrar viabilidad financiera desde el principio, presentando un aval económico correspondiente al presupuesto del tercer año de actividad.

Se exige también una oferta mínima de diez grados, seis másteres y tres doctorados en diferentes áreas de conocimiento. La mitad del profesorado deber tener título de doctor. Este nuevo texto incluye otros requisitos como que haya al menos un 10 % de plazas de alojamiento a estudiantes y un volumen mínimo de financiación competitiva en investigación (2% del presupuesto anual).

Este endurecimiento afectará directamente a ocho proyectos de universidades que actualmente están en fase de evaluación y aún no han recibido el visto bueno de la Conferencia General de Política Universitaria. Entre ellos hay tres iniciativas en Aragón, dos en Extremadura, una en Canarias, otra en Andalucía y una más en Asturias.

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