El Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 17.697 expedientes: 16.998 quejas, un 45,6% menos que el año anterior, pero una cifra similar a 2016; 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
Así consta en el Informe Anual 2018, entregado este martes por el dirigente en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz.
Entre la quejas más habituales, destacan:
- En materia sanitaria, destacan las quejas sobre la "merma" de la atención por las "carencias humanas y materiales". Fernández Marugán ha señalado que en la mayoría de autonomías se cumplen los ratios de personal por paciente, pero que estos "están anticuados" y habría que actualizarlos. También ha señalado denuncias por las listas de espera o el 'copago farmacéutico' de ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica o discapacidad.
- Reformas contra la despoblación: Este envejecimiento, junto con la migración, es uno de los dos flujos que, según ha explicado, están cambiando la sociedad actual y que influyen en el fenómeno de la despoblación, un tema al que, en este informe anual, se le ha dedicado un estudio especial.
- Adoctrinamiento en las escuelas: También se ha referido a las quejas relativas a la neutralidad ideológica de los centros educativos en cuanto a espacios públicos en los que, según el Defensor, "no debe tener cabida ninguna forma de adoctrinamiento político". La motivación y la notificación de la las resoluciones que declaran el desamparo, el incentivo de los acogimientos familiares, la atención de los menores que pasan a la mayoría de edad, la protección de los menores acogidos cuando se trasladan de comunidad autónoma y el funcionamiento de algunos centros han sido objeto de actuaciones en 2018. A
- Migración: En relación con los menores extranjeros no acompañados, la institución ha recibido numerosas quejas sobre los procedimientos de determinación de la edad incoados, tanto a personas extranjeras indocumentadas como a otras que contaban con documentación acreditativa de su minoría de edad. En el informe muestra "preocupación" ante la "inexactitud" de los datos contenidos en el Registro Central de menores extranjeros no acompañados.
- Pobreza energética: El Defensor del Pueblo sostiene que el marco normativo aún no garantiza el suministro eléctrico requerido por la realidad social y las exigencias constitucionales. Destaca también la actuación de oficio, actualmente en curso, sobre prácticas comerciales engañosas para el cambio de comercializadora y que tiene su origen en las quejas de personas (sobre todo mayores) que "se han visto confundidas, si no engañadas", por prácticas que les inducen a contratar condiciones de suministro desventajosas.
