Continúa la polémica sobre el cierre de los centros de educación especial

En los últimos días las redes sociales se han inundado de mensajes y vídeos cuyo contenido asegura que el Gobierno se ha valido del estado de alarma por el coronavirus, para avanzar en los asuntos referidos al cierre de los centros de educación especial.

Las publicaciones difundidas, en su mayoría con enlaces a webs para participar en recogidas de firmas, buscan hacer un llamamiento a la población y a diversos colectivos para evitar que los supuestos planes del Ejecutivo proliferen y acaben por llevarse a cabo.

Entre los vínculos compartidos, destaca el enlace a un comunicado de la 'Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También’, que afirma que "los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno han decidido, en pleno estado de alarma, reactivar la tramitación (...) de una Ley de Educación que promueve la eliminación de los Centros de Educación Especial".

La organización, formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, aclara también que dicha tramitación realizada por el Gobierno se estaría reactivando "a espaldas de la sociedad y con su capacidad de reacción anulada por la pandemia”. Motivo por el que acusan a los partidos políticos de Unidas Podemos y el PSOE, de “aprovechar la situación excepcional, dramática para miles de personas”, con el fin de poder desarrollar sus planes, sin que la sociedad “pueda manifestarse democráticamente”.

"Les ha venido bien el confinamiento y utilizar estos meses para tramitar la ley porque no podemos salir a la calle a manifestarnos”, argumentaba el presidente de la ‘Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También’, José María Escudero.

Una opinión que niega “rotundamente” el Gobierno y que el Ministerio de Educación desmiente desde marzo de 2019. A finales del mes de abril, el ministerio volvía a hacer frente a las críticas ante el rebrote de las acusaciones y emitieron un comunicado a través de Twitter en el que sostenían que "el compromiso del Ministerio de Educación y Formación Profesional es que los alumnos con necesidades especiales reciban la atención adecuada, en centros especializados y ordinarios", y que por tanto, no "se cerrarán centros de educación especial, tal como están difundiendo algunas organizaciones”, aclaraba el departamento dirigido por Isabel Celaá.

Link de twitter: https://twitter.com/educaciongob/status/1255146635438379010

Sin embargo, la polémica continúo entre los internautas, lo que llevo a la propia Celaá el pasado 5 de mayo en el Senado, a negar lo que define como "bulo", y afirmar que el “actual proyecto de ley no solo garantiza la continuidad de esos centros, sino que le da voz a las familias y establece un plazo de 10 años para que todos los centros, tanto los ordinarios como los de educación especial, dispongan de los recursos necesarios para prestar este tipo de enseñanza”.

No obstante, los colectivos advierten de los riesgos que supondría el cierre de estos centros educativos y explican que, concretamente, en la disposición adicional cuarta del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOE (Lomloe), más conocida como ley Celaá, corresponde con el apartado del proyecto de ley en el que se dispone que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

Texto que precisa que ese objetivo se corresponde con "el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas" y cumple "el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.

El presidente de la ‘Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También’, aseguraba que ese mismo proyecto de ley "abre la puerta a la eliminación de los colegios de educación especial" porque pretende limitar la educación especial en los centros dispuestos para ello a “los alumnos que requieran una atención muy especializada”.