El Tribunal de Sesiones de Edimburgo va a anunciar en las próximas horas si considera legal la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento hasta pocos días antes del 31 de octubre, la fecha prevista para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. La corte civil de mayor rango de Escocia ha celebrado una vista que duró alrededor de tres horas y estuvo presidida por el juez Lord Doherty.
La demanda fue presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos a inicios de agosto para solicitar que se establezca la legalidad de la decisión de Johnson de clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un "brexit" sin acuerdo puedan frenarlo. El tribunal debía pronunciarse el 6 de septiembre, pero, ante los acontecimientos sucedidos en las últimas horas, los parlamentarios solicitaron lo que se conoce como un "interdicto provisional", de forma que su decisión se conociese antes de esta vista. Entre los firmantes de la demanda, que encabeza la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, está la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al "brexit" "The Good Law Project". En declaraciones a la BBC, Cherry destacó que lo que se ha llevado ante la Justicia es la decisión del Ejecutivo de aconsejar a la reina Isabel II que permitiese el cierre temporal del Parlamento, no así la decisión final de la soberana. "La reina actuó en base al consejo que le fue dado. La acción (judicial) que se ha presentado en mi nombre es una acción que no se presenta en contra de la reina, sino en contra del consejo que le fue dado", declaró. La razón por la que decidieron presentar la demanda en Escocia es que el Tribunal de Sesiones continúa reunido durante el periodo vacacional, mientras su homólogo inglés está suspendido.
Con la decisión de Johnson de paralizar la activad de la Cámara de los Comunes entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, los opositores de un "brexit" sin acuerdo apenas tendrán tiempo hasta el 31 de octubre para debatir y votar un eventual nuevo pacto que permita la salida ordenada del club comunitario. La maniobra de Johnson ha generado un gran revuelo, ya que tanto la oposición como miembros del Partido Conservador consideran que se trata de un acto "antidemocrático". Como consecuencia se han producido algunas dimisiones, entre ellas la de la líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, que, si bien ha aducido motivos personales, ha dejado claro que defiende una salida pactada del club comunitario.
FIRMAS... ¿Y MOCIÓN DE CENSURA?
También el líder de la oposición ha anunciado acciones. Jeremy Corbyn, afirmó que el Parlamento debe "legislar rápidamente" a partir del 3 de septiembre, cuando reabrirá sus puertas tras el receso veraniego, para tratar de bloquear un posible "brexit" no negociado. El jefe de la oposición en el Reino Unido recalcó asimismo que contempla presentar una moción de censura contra el primer ministro, el conservador Boris Johnson, "en el momento apropiado".
Además, se suceden las protestas por parte de grupos de ciudadanos. Más de un millón de británicos han firmado ya una petición popular para instar a Johnson a no suspender durante cinco semanas el parlamento. La solicitud online pronto alcanzó las 100.000 firmas necesarias para que deba ser sometida a debate en la Cámara de los Comunes.
