Aranceles
Un tribunal de apelaciones de EEUU suspende de forma temporal el veto a los aranceles de Trump
El Gobierno de Estados Unidos recurrirá la decisión del Tribunal de Comercio Internacional que anula parte de los aranceles globales impuestos por Trump

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Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha anulado la suspensión que se había impuesto el día anterior sobre la mayoría de los aranceles globales impulsados por el expresidente Donald Trump. La decisión inicial consideraba que Trump había sobrepasado sus atribuciones al implementar dichos aranceles, calificándolos como "ilegales".
La Corte de Apelaciones del Circuito Federal emitió una orden breve en la que establece una suspensión temporal de la medida, mientras evalúa la posibilidad de aplicar una suspensión de mayor duración, según reportó la agencia Bloomberg.
Un error flagrante
La casa blanca había calificado como un "error flagrante" el fallo del tribunal de Comercio Internacional (CIT) de Estados Unidos que ordena suspender una parte significativa de los aranceles globales implementados por el presidente Donald Trump. La Administración ha expresado su desacuerdo con la resolución judicial y ha anunciado su intención de apelar, además de evaluar una solicitud inmediata de suspensión ante el Tribunal Supremo.
El fallo considera que el Presidente Trump ha excedido su autoridad al imponer los aranceles sin aprobación del Congreso. La decisión judicial afecta, entre otros, a gravámenes del 30% sobre productos de China y al 25% sobre bienes importados desde México y Canadá, así como a aranceles globales
En respuesta, el Gobierno de Estados Unidos había advertido que, en caso de no obtener una medida cautelar del propio CIT, planebaa solicitar este viernes una intervención urgente del Tribunal Supremo. Así lo recoge la documentación presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, en la que se afirma que la ejecución inmediata del fallo podría causar "daños irreparables" a la economía del país y a su seguridad nacional.
Según el Ejecutivo, la orden del CIT representa una interferencia en las competencias del poder político. Alega que la política exterior y comercial corresponde al presidente y al Congreso, no a los tribunales. En su argumentación, señala que el fallo impide al Ejecutivo utilizar herramientas esenciales autorizadas por el poder legislativo para abordar desafíos comerciales internacionales.
La decisión judicial establece una medida cautelar permanente contra los aranceles cuestionados, lo que podría congelar su aplicación antes de que Estados Unidos concluya acuerdos con los países afectados. El tribunal otorgó un plazo de diez días naturales para aplicar la orden.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces del CIT, designados por los expresidentes Ronald Reagan, Barack Obama y el actual presidente Donald Trump. La demanda fue presentada por el Liberty Justice Center en representación de cinco empresas que denunciaron haber sido perjudicadas por los aranceles.
El tribunal argumenta que la IEEPA no otorga al presidente una autoridad ilimitada en la imposición de aranceles. Según el fallo, este tipo de medidas deben pasar por el proceso legislativo correspondiente. La corte dejó sin efecto los aranceles implementados bajo esa normativa, pero no afectó a los aplicados en virtud de la Ley de Expansión Comercial, como los aranceles sobre automóviles, acero y aluminio.
Diversos funcionarios del Gobierno han expresado su rechazo a la sentencia. El subjefe de Gabinete de Política y Asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, señaló en una publicación en la red social X que el país está siendo gobernado por "una tiranía judicial". Por su parte, el vicesecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que los déficits comerciales derivados de prácticas desiguales han generado una situación de emergencia nacional. Según Desai, no corresponde a jueces no electos definir cómo debe gestionarse esa emergencia.
La Administración Trump considera que los aranceles impugnados eran parte central de su estrategia económica y comercial. También sostiene que su eliminación unilateral afecta a la capacidad del país para negociar acuerdos comerciales en condiciones favorables.
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