La UDEF registra el despacho del expresidente Zapatero, otras tres mercantiles del caso 'Plus Ultra' y la empresa de sus hijas

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registra desde primera hora de este martes la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid y la de otras tres mercantiles vinculadas al 'caso Plus Ultra', además de la empresa de las dos hijas del expresidente.

Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia por cuya gestión Manos Limpias presentó una querella fundamentada en revelaciones del empresario Víctor de Aldama, juzgado el pasado mes en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'.

Zapatero, citado a declarar

Zapatero ha sido citado a declarar el próximo día 2 de junio como investigado. El juez José Luis Calama está investigando si los pagos hechos a Zapatero por la consultora Análisis Relevante, empresa de su amigo Julio Martínez, tuvieron algo que ver con el cobro de comisiones por el rescate de la aerolínea venezolana.

En total, el expresidente socialista cobró 450.000 euros por trabajos hechos para la citada empresa. Sobre la mesa está el posible cobro de un 1% de ese rescate.

También está bajo el objetivo de los investigadores el trabajo realizado por la empresa de las dos hijas de Zapatero para Análisis Relevante en materia de marketing y comunicación.

Las hijas presentes en el registro

Ambas están presentes en el registro de su empresa acompañadas de su abogada y colaborando, según indican fuentes de la investigación. En la investigación hay una docena de investigados.

En diciembre pasado, la juez de Plaza de Castilla ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, del CEO de la compañía y del empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero.

Los investigadores sospechan que el expresidente les avisó de que estaban siendo investigados por el 'caso Plus Ultra', por lo que podrían haber eliminado posibles pruebas antes de los registros y las detenciones.

Uso de ayudas públicas

La Fiscalía Anticorrupción investigó entonces el posible "uso indebido de las ayudas públicas" que recibió Plus Ultra, al figurar esta sociedad como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la supuesta organización criminal implicadas en la venta de oro.

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de presuntos actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela por importes "muy elevados".

En concreto, apuntan a desvíos de fondos públicos pertenecientes a los programas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), puestos en marcha por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subsidiados, y a operaciones vinculadas a la "venta de oro del Banco de Venezuela".

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