Juan Márquez, el ex director general de Trabajo de la Junta que sustituyó a Francisco Javier Guerrero, también ha rechazado responder a las preguntas de la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares y ha asegurado que no supo que se cometieran ilegalidades con las ayudas concedidas.
Márquez, imputado por la juez que investiga el caso, ha dicho que se acogería a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados por consejo de su abogado y para evitar que cualquier afirmación que hiciera pudiera perjudicarle en la causa penal.
Antes de anunciar que no contestaría a las preguntas, lo que ha ocurrido hasta ahora con los cinco comparecientes llamados a la comisión, Márquez ha dicho que en sus dos años como director general de Trabajo no cometió ninguna ilegalidad en la concesión de ayudas sociolaborales ni tuvo conciencia de que nadie las cometiera.
El ex director general está imputado por la juez Mercedes Alaya por los delitos de prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad en documento oficial en ayudas que totalizaban 154 millones de euros.
Tras su intervención inicial, Márquez ha escuchado las preguntas que le hicieron los diputados de IULV-CA y del PP sobre su conocimiento de las presuntas irregularidades y sólo interrumpió su silencio para protestar por una pregunta del diputado del PP Rafael Salas relativa a si había "tapado" algún fraude con la reelaboración de informes, lo que el ex director general consideró que era una "insinuación".
Hoy también comparecerán Daniel Rivera, exdirector general de Empleo, y Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo.
Estas declaraciones se producen después de que ayer fuera interrogado el exdirector de Trabajo y uno de los principales implicados en la trama, Francisco Javier Guerrero.
Guerrero sostuvo ante los miembros de la comisión de investigación sobre los ERE, que hay "muchos no imputados que pueden resolver las dudas" sobre las ayudas públicas a los expedientes, que él denominó "fondo de reptiles". En su comparecencia ante la comisión parlamentaria, con gran expectación mediática, el ex alto cargo ha leído un escrito y, como los cuatro imputados anteriores, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas.
