El PSOE propone cambiar el reglamento del Congreso para obligar a contestar a Rajoy

El Congreso debate una propuesta del PSOE para introducir una modificación en el reglamento de la Cámara Baja que obligue al presidente del Gobierno a contestar las interpelaciones que los grupos dirigen directamente a él, sin poder derivar la respuesta en otro miembro del Ejecutivo.

La propuesta de los socialistas, que llega al pleno del Congreso en medio de un repunte del caso Bárcenas, reclama también que las mociones de reprobación del presidente o alguno de sus ministros por "haber faltado a la verdad en sede parlamentaria" se debatan en un plazo máximo de 24 horas desde su presentación.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, el grupo socialista recalca que Rajoy "ha incurrido en graves falsedades ante el Congreso de los Diputados" al explicar "las actuaciones judiciales relacionadas con la trama de financiación ilegal del Partido Popular" investigada en los casos Gürtel y Bárcenas.

"La exigencia de responsabilidad por este tipo de falsedades vertidas por los miembros del Gobierno en sede parlamentaria debe disponer también de un instrumento eficaz", indican los socialistas. Por ello incluyen una previsión específica para que las mociones de reprobación de un miembro del Gobierno por "las mentiras perpetradas ante el Parlamento", se debatan en un plazo máximo de 24 horas desde su presentación.

Asimismo, argumenta que las interpelaciones dirigidas al Gobierno son un mecanismo de control de los diputados y los grupos parlamentarios, que puede ser también una fórmula adecuada para exigir la responsabilidad política individual de todos y cada uno de los miembros del Ejecutivo por sus actuaciones en su concreto ámbito de actividad pública.

En este sentido cree insuficiente la actual regulación, que no obliga al presidente del Gobierno a responder las interpelaciones que le dirigen los grupos, ya que puede derivar la respuesta en algún otro miembro del Ejecutivo. La reforma del reglamento que propone el PSOE prevé expresamente la obligación del presidente de contestar las interpelaciones que se le formulen.