El Congreso aprueba la reforma fiscal con el 'sí' de Podemos y el impuesto a la banca

El Congreso de los Diputados ha celebrado este jueves una nueva sesión con uno de los debates más sonados: la aprobación del paquete de medidas fiscales. Desde Moncloa buscan la mayoría de la Cámara Baja para imponer, entre otras cosas, un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales.

El obstáculo para poder conseguir los votos necesarios ha sido Podemos. Los diputados del partido morado, se negaban a apoyar el paquete al no contar con un impuesto a las energéticas. Hasta el último momento, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha dado el 'sí' de su partido hasta que no hubiese "un compromiso real" para gravar las energéticas.

"El acuerdo supone el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas", explica el partido morado en el comunicado.

Finalmente, la reforma fiscal ha sido aprobada con el 'sí' de Podemos. También se ha añadido finalmente el impuesto a la banca, que había sido rechazado en la tensa y larga Comisión de Hacienda celebrada el pasado lunes.

El Gobierno ha conseguido seguir adelante con el paquete fiscal tras el acuerdo con los independentistas y bajo una promesa: habrá un impuesto a las energéticas en 2025.

Lo que el PSOE no ha conseguido aprobar por el voto en contra de Podemos, PP, Vox y UPN ha sido su intento de subir la fiscalidad al diésel,

El impuesto a la banca

El impuesto a la banca -incluido finalmente en la reforma fiscal- se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania. El 31 de diciembre pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.

Por otro lado, el tipo será del 7% para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros. El tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

La recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en función de su Producto Interior Bruto (PIB) y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.

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