ONU

La ONU concluye que la inhabilitación del juez Garzón fue "arbitraria" porque el Supremo vulneró sus derechos

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que la inhabilitación del juez Baltasar Garzón fue "un proceso arbitrario" porque el Supremo vulneró sus derechos: la presunción de inocencia. La ONU pide el borrado de antecedentes penales de Garzón y una compensación.

El juez español Baltasar Garzón

El juez español Baltasar GarzónEFE

Publicidad

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzónfue inhabilitado en un "proceso arbitrario" cuando instruía el caso Gürtel.

La ONU asegura que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.

Califican de condena "arbitraria"

El proceso judicial que finalizó con la inhabilitación del juez español ha sido calificado por la ONU como "arbitrario" y critica que el magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir.

"El Comité considera que la condena del autor fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida", detalla el auto, que aboga por una "reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados".

Borrado de antecedentes e indemnización a Garzón

La Organización de Naciones Unidas pide a España una "reparación integral" a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione "una compensación adecuada por el daño sufrido".

"En consecuencia, el Estado parte tiene la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro", concluye.

Publicidad

Isabel Rodríguez

Vídeo: la tensión entre Isabel Rodríguez y los manifestantes por el desahucio de una mujer de 87 años

Integrantes del Sindicato de Inquilinos recriminan a la ministra de Vivienda su gestión ante el desalojo previsto de Maricarmen Martín y reclaman que no intervenga la Policía.

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España).

La UCO recoge que Carmen Pano pidió 25.000 euros para la boda de su hija y una renta mensual a cambio de guardar silencio

El informe policial refleja que la empresaria y su chófer plantearon compensaciones económicas para dejar de sostener que llevaron 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz.