Amnistía

El juez Llarena denuncia que "una democracia no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley"

El magistrado del Tribunal Supremo no nombra la palabra amnistía, aunque remarca que el ordenamiento jurídico "es igual para todos".

El juez Pablo Llarena

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El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo e instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena ha señalado que "una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley". Son palabras sin citar una ley de amnistía que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas catalanes.

Pablo Llarena ha hecho estas declaraciones al recoger el Premio Balanza de Oro que le ha otorgado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) "por su extraordinaria contribución al mundo de la Justicia y al Estado de derecho".

"Cuando se desactiva la aplicación de la ley para algunos mientras se entone la prisión para los demás ciudadanos que realizan las mismas conductas, la sociedad queda presentada en la duda y el privilegio", ha denunciado Llarena.

El juez del Tribunal Supremo (TS) Tribunales alerta de que de que "del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de Justicia penal no puede asumir que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento".

En ningún momento dice la palabra amnistía, pero Llarena ha querido remarcar que el ordenamiento jurídico "es único y es igual para todos. El ordenamiento jurídico de un país vale lo que valen sus jueces".

No habrá informes del CGPJ sobre la amnistía

La propuesta del PP para que la Mesa del Congreso de los Diputados pidiese informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía ha sido rechazada por la propia Mesa con los votos de PSOE y Sumar. La proposición de ley pactada con los partidos independentistas catalanes continúa su tramitación y cumple los pasos establecidos para ver la luz próximamente.

El Partido Popular insiste en que la norma es inconstitucional y que vulnera la igualdad entre españoles, como viene defendiendo desde hace semanas.

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