El gobierno entiende que esos preceptos vulneran la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y establece que compete al Gobierno de la nación dirigir la política exterior.
Se recurren los artículos que consideran a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, o el relativo a las relaciones con otros países, más allá del ámbito de las relaciones con la UE, así como los que regulan la representación de la acción exterior catalana y la diplomacia catalana.
El pasado 28 de noviembre, el Parlamento catalán aprobó el proyecto de ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que el Gobierno de Artur Mas definió como un paso más en las "estructuras de Estado" de este territorio.
El Gobierno suma además a este recurso la impugnación, el pasado 6 de febrero, por vía de la jurisdicción contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de los decretos del Gobierno catalán por los que se abrían delegaciones en Roma y Viena, al considerarlos contrarios a la Ley de Acción Exterior del Estado.
La apertura de estas dos "embajadas" se añadía a las que la Generalitat tiene en Washington, Londres, París, Berlín y Bruselas, y formaba parte del proceso para reforzar la acción exterior del ejecutivo catalán.
Sáenz de Santamaría ha explicado que la ley de acción exterior catalana vulnera en concreto los artículos 149 y 97 de la Carta Magna y va en contra también de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Además, conculca el principio de unidad de la acción exterior, "al invadir o, al menos, menoscabar" la competencia estatal para la puesta en ejecución de la política internacional, ha argumentado Sáenz de Santamaría.
A juicio del Ejecutivo, el texto recurrido busca desarrollar una "diplomacia pública" de Cataluña y, como Cataluña no es un Estado, "no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas".
