El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que plantear una presidencia simbólica y a distancia para Carles Puigdemont es otra "pirueta" sin base jurídica y ha pedido al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que haga otra ronda de contactos y proponga un candidato legal, reclamación que le parece "mentira" tener que hacer.
"Tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y acomodarnos a lo que hay", ha exigido Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que ningún 'land' alemán o territorio europeo similar a una comunidad autónoma española tiene una presidencia simbólica.
A su juicio, una propuesta de este tipo "perturba" además la credibilidad de las instituciones catalanas, que necesitan de un gobierno con plena capacidad de funcionamiento. Sobre quién deba encabezarlo, por ejemplo Elsa Artadi (PxCat), Méndez de Vigo no ha opinado porque es una decisión de los grupos parlamentarios, siempre que elijan a una persona que esté dentro del marco dibujado por el Tribunal Constitucional.
"No la conozco", ha respondido a propósito de quien fuera jefa de la campaña electoral de Puigdemont y cuya candidatura se baraja como una posibilidad para desbloquear la investidura.
El portavoz ha insistido en pedir al presidente del Parlament que abra otra ronda de contactos con los partidos y promueva a un aspirante a la presidencia "dentro de los cauces legales", porque un huido de la justicia, que no exiliado, no puede ser presidente de una comunidad autónoma y máximo representante del Estado en ese territorio.
El Gobierno espera que Torrent tome la iniciativa "lo antes posible". En cuanto a cuándo pueda resolverse todo el proceso, el portavoz ha asegurado que son los letrados del Parlament "los que deben establecer el procedimiento a seguir dentro de los cauces del Tribunal Constitucional".
En este sentido, no ha querido interpretar el informe que han hecho público este viernes los letrados del Parlament, un documento en el que explican que los plazos para resolver el asunto no han empezado a contar. Mientras no haya un nuevo Gobierno de la Generalitat que pueda ejercer sus competencias, apuntan desde Moncloa, seguirá en vigor el 155.
