La prestación de 200 euros por hijo que impulsa el Gobierno: cuándo solicitarla y quién puede cobrarla

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes varias medidas dentro de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que fija un total de 100 metas a alcanzar en los próximos años. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la creación de una prestación universal por crianza, destinada a apoyar económicamente a las familias con hijos y así combatir la pobreza infantil.

La medida, propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, plantea una ayuda de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años, lo que supone 2.400 euros al año por menor. Se trata de una iniciativa de carácter universal, al igual que la sanidad o la educación pública, por lo que todas las familias que tengan hijos a su cargo podrán beneficiarse sin límite de ingresos.

El Ejecutivo explica que esta nueva prestación pretende reducir la pobreza y la desigualdad, además de "incrementar la renta de los hogares con menos ingresos". Su aprobación definitiva dependerá del Parlamento, que deberá dar luz verde para ponerlo en marcha.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

En cuanto a los requisitos, podrán solicitar la ayuda las familias con hijos menores de 18 años, siempre que cuenten con residencia legal en España y estén empadronadas. La documentación necesaria incluirá el libro de familia, el certificado de empadronamiento y los DNI o NIE de los padres o tutores. Se prevé que la prestación sea compatible con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital o las subvenciones de la Seguridad Social.

El ministerio había contado con incluir la medida en los Presupuestos, pero al no aprobarse el año pasado y este año que parece que tampoco hay acuerdo para ello, Derechos Sociales apuesta por vincularla a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

En la rueda de prensa, el ministro afirmó que dotar la medida dentro de la Estrategia conferiría su estatus de objetivo, y confía en que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado siga adelante: "Espero que vea la luz cuanto antes porque su impacto será altísimo".

Además, el Gobierno ha aprobado un nuevo marco para limitar los precios en situaciones de emergencia. Según lo anunciado, en caso de catástrofe o crisis, el Ejecutivo podrá impedir subidas de precios en bienes y servicios esenciales, fijando como máximo el nivel más alto alcanzado en los últimos treinta días.

Con esto, explican desde el Consejo de Ministros, que el objetivo es proteger a los consumidores ante posibles abusos que pudieran producirse tras una situación excepcional.

Gestión sanidad

También se ha presentado un anteproyecto de ley para restringir la gestión privada de los centros sanitarios públicos. La ministra de Sanidad ha defendido que la iniciativa busca blindar el sistema de "las garras especuladoras" y privatizadoras, reforzando así la sanidad pública.

Aunque estas declaraciones han generado una respuesta por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que la propuesta "no va a salir adelante" y ha acusado al Ejecutivo de "amenazar, mentir e imponer su modelo". Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, replicó que "la señora Ayuso dice que queremos cargarnos la sanidad", negando lo dicho por la madrileña y matizando que "lo que queremos es cargarnos su chiringuito, su negociete".

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