El Consejo de Estado apoya por unanimidad al Gobierno y ha aprobado aprueba la formulación jurídica del Ejecutivo contra la ley catalana de consultas y contra el decreto de convocatoria del referéndum. El Consejo de Ministros extraordinario remitirá su impugnación al Tribunal Constitucional. Mañana, si el alto tribunal admite a trámite los recursos, el proceso independentista habrá quedado automáticamente suspendido. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrecerá una declaración institucional tras el Consejo de Ministros.
El Consejo de Estado empleó ayer apenas dos horas en concluir su dictamen. El órgano consultivo estima por unanimidad que lo que prepara la Generalitat es un referéndum en toda regla y que su convocatoria invade competencias exclusivas del Estado, del Gobierno de España.Y es así pertinente recurrir ante el Constitucional tanto la ley catalana de consultas como el decreto de convocatoria del 9-N de Artur Mas.
Una parte de la población española no puede pronunciarse, insiste el informe, sobre un asunto como la soberanía nacional. Con el dictamen ya en la mano, el Consejo de Ministros extraordinario iniciará la batalla legal, promoverá los dos recursos de inconstitucionalidad. Rajoy comparecerá después de la reunión.
Mañana martes, una vez que el pleno del alto tribunal admita a trámite ambos recursos, el proceso independentista catalán habrá quedado automáticamente suspendido. El veto cautelar tendrá una vigencia de cinco meses. Si pasado ese tiempo no hubiera sentencia, la suspensión tendría que prorrogarse o levantarse.
Tres días de campaña independentista es todo lo que Convergencia, Esquerra y la CUP habrán podido celebrar, si bien sus líderes se aferran a que una prohibición cautelar no es una sentencia de anulación. En todo caso, recuerdan fuentes jurídicas, cualquier acto preparatorio del referéndum constituirá un delito.
