Un informe de la FEMP sobre competencias de las corporaciones locales fija en 24 la lista de materias de competencia local y establece que las Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares deben asumir un papel de administración común para los municipios que carezcan de medios para prestar los servicios y centrarse en los menores de 20.000 habitantes.
En ese estudio, al que ha tenido acceso EFE, no se incluyen como servicios los que los Ayuntamientos han realizado "por imposición legal" como el mantenimiento y conservación de los colegios públicos o la dotación de medios materiales a los juzgados de paz.
Entre las insuficiencias del sistema actual, cita la incapacidad para dotar de contenido a la autonomía local y añade que la falta de atribución de competencias ha llevado a la confusión de la competencia con la realización de actividades y prestación de servicios. Considera insuficiente la definición del papel de las Diputaciones, Cabildos y Consejos, lo que las ha impedido desarrollarse como instituciones complementarias de los municipios.
Para la Federación Española de Municipios y Provincias, la insuficiencia del sistema de colaboración intermunicipal para la prestación de servicios y realizaciones de actividades en común ha derivado en la creación de nuevas estructuras administrativas, sin garantizar una mayor eficacia. Atribuye la insuficiencia financiera a la escasez de recursos municipales y a la "absoluta desconexión" del sistema de financiación con el de competencias.
Por todo ello, la FEMP cree que la regulación básica del Gobierno y la Administración local debe contar con una norma que garantice la estabilidad del sistema y que la "solución ideal" sería una ley orgánica, ya que estima que la Constitución "se olvidó" de una "institución básica", como son las entidades locales.
Como no cree que se vaya a reformar la Constitución, pide que la regulación del nuevo sistema de Gobierno y Administración local, si se hace por ley ordinaria, contenga una serie de modificaciones. Pide, además, un "pacto político" que comprometa al Estado y a las comunidades autónomas a respetar la configuración básica del sistema que esa ley básica establezca.
Para hacer efectivo el principio de una Administración una competencia, el pacto debería incluir el compromiso del legislador de abordar a la mayor brevedad posible una revisión de toda su normativa vigente para adecuarla al nuevo marco competencial de las entidades locales. La FEMP señala que también se debe garantizar la autonomía local frente a posibles pretensiones de tutela y articular mecanismos de defensa, como su suspensión y previsión de acciones judiciales.
