Europa
España incumple las 19 medidas anticorrupción exigidas por el Consejo de Europa
El grupo GRECO señala que el país no ha cumplido las 19 recomendaciones planteadas desde 2019, pese a algunos avances legislativos sin concretar.
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El Consejo de Europa mantiene su preocupación ante el grado de cumplimiento de las recomendaciones anticorrupción dirigidas a España.
En un nuevo informe publicado este viernes, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) señala que las 19 propuestas planteadas al Estado español desde 2019 no han sido implementadas completamente, pese a que reconoce ciertos avances en el diseño de reformas legislativas que, hasta la fecha, no han llegado a materializarse.
Tres recomendaciones siguen sin aplicarse en absoluto
Según la actualización publicada, España continúa sin cumplir total o parcialmente las recomendaciones del organismo europeo.
En concreto, GRECO indica que tres de ellas siguen sin aplicarse en absoluto, una cifra algo inferior a la del año anterior, cuando eran seis las propuestas completamente ignoradas.
El informe compara el nivel de cumplimiento respecto al documento emitido en 2023, sin observar progresos decisivos.
Aunque se valoran algunas intenciones de reforma, GRECO insiste en que es necesario un mayor compromiso político para convertir esos proyectos legislativos en medidas reales y efectivas contra la corrupción.
Los incumplidos
GRECO identifica los siguientes ámbitos como incumplidos o parcialmente atendidos:
- Reforma del aforamiento político para limitar privilegios penales especiales.
- Regulación completa de los lobbies, incluyendo transparencia en reuniones con grupos de interés.
- Control de las puertas giratorias, es decir, trasvase entre cargos públicos y empresas privadas.
- Mayor independencia y autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, dotada de presupuesto propio.
- Publicidad y supervisión de las agendas públicas de altos funcionarios, actualmente opacas.
- Incrementar las competencias sancionadoras del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- Tratamiento específico del personal político asesor, para evitar conflictos de interés.
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