El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “demostrar ineficacia” y “soberbia” en la gestión de la crisis derivada de la extensión del coronavirus en España. A su juicio, quien “manda” en el Ejecutivo es el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Maroto defendió que “el PP está demostrando hacer lo que toca hacer en un momento como éste”, aunque “no podemos comprender cómo se puede aprovechar” un decreto contra el coronavirus para meter a Iglesias en la Comisión Delegada del CNI y para “favorecer los indultos” de presos relacionados con el 1-O. En este sentido, el portavoz parlamentario de los populares reprochó al Gobierno que haya tomado medidas como el cierre de la actividad económica “sin consultar absolutamente a nadie, ni siquiera a los afectados”.
El Gobierno se dispone a iniciar una serie de contactos con los grupos parlamentarios en busca de apoyo para la necesaria convalidación por el Congreso de los Diputados del último decreto ley con medidas económicas y sociales ante el coronavirus y que, sin el aval de la Cámara Baja, dejarían de estar en vigor en el plazo de un mes. Así lo ha afirmado el ministro de Transportes, José Luis Abalos, uno de los miembros del cuadro de mando de gestión bajo el estado de alarma, que no ha precisado quién será el interlocutor del Gobierno con los grupos parlamentarios, más allá de señalar que estos contactos se establecerán también a través del Grupo Socialista.
El ambiente no es mejor con muchas comunidades. El que el Gobierno vaya a utilizar el presupuesto de las políticas activas de empleo de las CCAA para pagar las ayudas al paro por el coronavirus ha enfadado aún más a varias de ellas, que no están de acuerdo.
El último decreto ley aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros incluye toda una batería de medidas sociales y económicas. La fórmula del decreto ley permite al Gobierno legislar de manera inmediata ante situaciones urgentes sin pasar por el aval previo del Congreso de los Diputados. Ahora bien, para que esas medidas que entran en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado perduren en el tiempo y no decaigan necesitan ser convalidadas por la Cámara Baja. Este ambiente de ruptura del consenso lo verá el primero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, responsable además del comité que lleva directamente la gestión del estado de alarma, que por segunda vez comparece en la comisión del Congreso.
