Vicepresidentes de Diputación Valencia, entre ellos Rosa Pérez

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DECLARA ANTE LA GUARDIA CIVIL | CASO IMELSA

La denunciante de Imelsa declara por la contratación encubierta de asesores

La diputada Rosa Pérez, de Esquerra Unida, ha pasado de denunciante a investigada en esta causa que investiga una supuesta trama de corrupción que afecta al PP valenciano. También ha sido citado a declarar el asesor del grupo socialista Raúl Pardos.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y denunciante del conocido como caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (de Esquerra Unida), declara ante la Guardia Civil en el marco de unas diligencias abiertas por la supuesta contratación encubierta de asesores.

Según han informado fuentes de la Diputación, también ha sido citado a declarar el asesor del grupo socialista Raúl Pardos, y mañana deberá comparecer en la Comandancia el vicepresidente tercero, Emili Altur, de Compromís, en relación con este mismo asunto.

La Diputación de Valencia destituyó la semana pasada a cinco personas que trabajaban en el servicio de Protocolo de la institución y a seis que lo hacían en el gabinete de prensa a pesar de ser personal contratado por la empresa pública Imelsa.

Además, las mismas fuentes han señalado que entre julio y agosto se despidió a una veintena de personas de Imelsa que realmente no trabajaban donde se suponía que debían estar o incluso no acudían a ningún puesto de trabajo.

La citación de estos diputados y asesores como investigados trata de dilucidar si el personal supuestamente contratado de forma irregular trabajó para Imelsa o para los partidos políticos, lo cual podría ser constitutivo de un delito de malversación.

Durante el anterior mandato de la Diputación, los miembros del consejo de administración de Imelsa, del que formaban parte Pérez Garijo y Altur, entre otros, habrían firmado un documento certificando que estas personas trabajaban para ellos, unos certificados que la UCO ya ha solicitado a la Diputación y que obran en poder de los investigadores.

De esta forma, las gestiones de la Guardia Civil habrían dado un paso más y, además de las posibles comisiones ilegales en las contrataciones de Imelsa, han pasado a investigar posibles casos de enchufismo, malversación o tráfico de influencias.

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