Crisis Ceuta
El Congreso rechaza el plan del PP para afrontar la crisis de Ceuta, apoyado sólo por Vox y UPN
La iniciativa reclamaba reforzar la frontera, aumentar los efectivos de Policía y Guardia Civil y agilizar las expulsiones de los migrantes que llegaron durante la entrada masiva de finales de julio.
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El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves el plan del Partido Popular para afrontar la crisis migratoria de Ceuta, una iniciativa que únicamente ha recibido el respaldo de Vox y UPN. Coalición Canaria se ha abstenido, mientras que los partidos que integran el Gobierno, sus habituales socios parlamentarios y Junts han votado en contra.
La proposición no de ley, registrada por el PP a mediados de agosto, planteaba un paquete de medidas estructurado en cuatro grandes bloques: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales. Entre sus principales reclamaciones se encontraba el refuerzo del perímetro fronterizo mediante la ampliación del espigón del Tarajal, así como el establecimiento de una presencia permanente de Policía Nacional y Guardia Civil en la ciudad autónoma.
Los populares también reclamaban incrementar las unidades de Extranjería necesarias para tramitar los expedientes de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y acelerar así los procedimientos de retorno o expulsión.
Refuerzo de Policía, Guardia Civil, jueces y fiscales
En materia de personal, la propuesta planteaba consolidar los refuerzos permanentes de Policía Nacional y Guardia Civil, además de aumentar las unidades de Extranjería destinadas a Ceuta. El PP también pedía reforzar los servicios sanitarios y promover un incremento del número de jueces y fiscales para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis.
En el ámbito legislativo, la formación de Alberto Núñez Feijóo proponía modificar la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima. También planteaba reformar la Ley de Asilo para evitar que una entrada por la fuerza active automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada por los cauces legales.
El plan instaba además al Gobierno a activar "de manera inmediata" los procedimientos previstos para el retorno voluntario o la expulsión de las personas que hubieran accedido ilegalmente a España y a establecer un calendario para completar la tramitación y resolución de los expedientes.
El PP pide activar los mecanismos europeos
La iniciativa también reclamaba utilizar los instrumentos jurídicos nacionales y europeos disponibles para proteger la integridad territorial de España y garantizar la seguridad de la frontera. En este sentido, el PP pedía solicitar la activación de los mecanismos contemplados en la normativa europea para situaciones de crisis e instrumentalización.
Entre las medidas propuestas figuraba asimismo el despliegue de Frontex y de unidades de intervención rápida, junto con procedimientos de triaje para identificar a las personas llegadas a la ciudad y realizar los correspondientes controles de seguridad. Los populares defendían también la aplicación de procedimientos fronterizos de asilo y retorno que permitieran acelerar la tramitación de los expedientes.
La proposición incluía, además, tres medidas que el Gobierno ya había puesto en marcha: declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y designar una autoridad funcional para dirigir y coordinar las actuaciones y los recursos desplegados en Ceuta. Esta última responsabilidad ha recaído en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El PP reclama una relación con Marruecos "sin amenazas ni chantajes"
Otro de los apartados de la iniciativa se centraba en las relaciones con Marruecos. El PP pedía "reorientar" la relación bilateral sobre los principios de "respeto y reciprocidad" y reclamaba que esta no admita "amenazas ni chantajes". La formación también defendía reafirmar que la integridad territorial de España "no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas".
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En el ámbito europeo, el PP solicitaba que las instituciones comunitarias reconozcan la situación "singular y excepcional" de Ceuta y Melilla y que ambas ciudades reciban un tratamiento equivalente al de las regiones ultraperiféricas en materias como fondos europeos, fiscalidad y fronteras. Asimismo, proponía que Ceuta y Melilla dispongan de representación propia en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.
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