El borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, donde el extesorero del PP dijo que guardaba información sobre la caja B de los populares, lleva este viernes al banquillo de los acusados al partido y a tres de sus empleados, acusados de delitos de daños informáticos y encubrimiento.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid da inicio a la vista oral con las cuestiones previas de un caso que ha superado en cinco años innumerables vicisitudes: la causa se archivó, se reabrió y llegó a desaparecer todo el sumario, que fue reconstruido con ayuda de las acusaciones populares.
Las ejercen IU, Justicia y Libertad, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el Observatori Drets Humans. La Fiscalía pide la absolución al estimar que no ha quedado acreditado qué información contenían los ordenadores ni que fuera "relevante" para los hechos que se investigaban y el propio Bárcenas retiró su acusación.
En la sesión se deberán resolver varias cuestiones, como la petición de IU de que se facilite a los medios de comunicación señal institucional de televisión de alguna de las cinco sesiones del juicio, después de que el juez Eduardo Muñoz de Baena decidiera no hacerlo para evitar "una exposición pública desproporcionada" a los tres acusados junto al PP.
Son la extesorera del partido Carmen Navarro; el que fuera responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática. Los tres están acusados de daños informáticos -por haber borrado sin autorización archivos ajenos- y de encubrimiento.
El PP, que al ser persona jurídica sólo está acusado del primer delito, pedirá previsiblemente de nuevo archivar la causa en aplicación de la "doctrina Botín", ya que sólo pervive la acusación popular y esgrime que se trata de un delito de "carácter privado".
La jueza de instrucción rechazó sin embargo el argumento al considerar que no se trata de un delito de naturaleza estrictamente privada, pues supuestamente se impidió realizar una diligencia relevante "en una causa criminal de indudable trascendencia", la abierta en la Audiencia Nacional por la presunta contabilidad opaca del PP.
Se debe dilucidar también si Bárcenas, condenado a 33 años por el caso Gürtel, declara por videoconferencia o acude al juzgado, como solicita la acusación popular. El extesorero está citado como testigo el día 20, al igual que su cuñado y exjefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, y su secretaria durante casi dos décadas, Estrella Domínguez.
