CASO HIDROCARBUROS
El juez cita como testigos a los exjefes de gabinete de Reyes Maroto y Ribera por el 'caso hidrocarburos'
Las citaciones están previstas para el 28 y 30 de enero de 2026.
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El juez que investiga el 'caso hidrocarburos' responde a la petición de la Fiscalía y cita a testificar a Juan Ignacio Diaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto y a Marc Isaac Pons, exjefe de gabinete de Teresa Ribera. Tanto Díaz Bidart como Pons acudirán al juzgado el 28 de enero.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid también ha vuelto a citar a Víctor de Aldama, presunto comisionista del 'caso Koldo', a su socio Claudio Rivas y a la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en Ferraz, Carmen Pano.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga un fraude millonario de IVA en hidrocarburos y por ello fija una ronda de declaraciones tanto de testigos como de imputados para finales de enero.
Desde el 28 hasta el 30 de enero pasarán por el juzgado los testigos e investigados. En primer lugar lo hará Rivas en calidad de investigado, cuya comparecencia está prevista para el 28 de enero a las 10.00 horas. Poco después está citado Díaz Bidart, que comparecerá en calidad de testigo a las 10.15 horas. Ese mismo día 28 de enero, a las 10.30 horas, está citado también como testigo Pons.
Al día siguiente, el 29 de enero, está citado Aldama como investigado a las 10.00 horas. En calidad de testigo acudirá ese día Manuel Salles Carceller a las 10.30 horas. La empresaria María del Carmen Pano está citada para el 30 de enero a las 10.00 horas como investigada. Ese día también declarará como investigada Leonor María González Pano a las 10.15 horas y como testigo a las 10.30 horas Álvaro Gallego García.
La UCO apuntó en el último informe que la trama de hidrocarburos habría conseguido infiltrarse en el Ministerio de Transportes y también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".
"De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", según el informe.
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