Canarias también pide investigar la trama de compra de mascarillas durante la pandemia

El 'Caso Koldo' sobre la trama de la compra de mascarillas vinculada al exasesor del José Luis Ábalos, también salpica a Canarias. Por eso, Coalición Canaria y PP hablan de otra derivada en las islas como el 'caso Torres', haciendo alusión a la etapa en la que el Ministro Ángel Víctor Torres presidía el Gobierno de Canarias. Ambos grupos parlamentarios han presentado una solicitud para crear una comisión de investigación con la intención de esclarecer la compra de mascarillas y material sanitario en Canarias durante la pasada legislatura.

El actual Gobierno canario quiere depurar responsabilidades y esclarecer la posible implicación del anterior Ejecutivo regional en el caso. En la pasada Legislatura ambos grupos ya pidieron otra comisión de investigación sobre el 'caso mascarillas' que no fue debatida. En el caso de Canarias hay contratos suscritos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vinculada al exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por importe de 12,5 millones.

El diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez y la portavoz popular, Luz Reverón, han sido los encargados de presentar esta petición de investigación. Y muestran su deseo de que la propuesta salga adelante por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Las tres tramas que investigará, entre las que está el caso Koldo, suman casi 40 millones de euros

La comisión va a abordar el primer 'caso mascarillas', que implicó el pago de cuatro millones de euros por adelantado a una empresa por un millón de mascarillas que no se recibieron, el llamado 'caso Koldo', con contratos por importe de 12,5 millones para la empresa vinculada al exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pero también por el que la Fiscalía de Las Palmas se ha querellado contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros.

Los querellados son el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria y exdiputado autonómico Lucas Bravo de Laguna, Christian Cerpa Espino y Noel Jammal Fernández.

En la querella, el Ministerio Público examina contratos por importe total de 22,9 millones de euros, de los que sostiene que hay una parte sustancial, de 9 a 10 millones de euros, que "no se corresponde con el material entregado", según la Fiscalía.

El diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez ha reiterado que durante la pandemia "un puñado de miserables y aprovechados logró hacer caja". "Me pregunto si el 'caso mascarillas' no es un calco del 'caso Koldo' y el protagonista fue un alumno aventajado del exasesor".

Díaz-Estébanez ha recordado que los contratos no pasaron por el Consejo de Gobierno pese a superar el umbral de dos millones de euros que marcaba la declaración de emergencia. La Audiencia de Cuentas ya alertaba en su momento de ciertas irregularidades.

Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara Regional asegura que van a pedir luz y taquígrafo en la investigación. Habla de "hechos gravísimos" que afectan a contratos por importe de 45 millones de euros. Reverón defiende que el Parlamento no puede permanecer "impasible antes estos casos de presunta corrupción". Por eso espera que Ángel Víctor Torres "de la cara y explicaciones de lo sucedido", por lo que, a juicio del PP, ha sido un ejemplo del "Gobierno más deshonesto y despilfarrador de la historia de Canarias".

La petición para crear esta comisión de investigación tiene ahora que pasar varios trámites. Entre ellos, ser aprobada en un pleno parlamentario y después asignar los miembros que compondrán dicha comisión.

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