La Asociación de Fiscales lleva a España ante la Justicia europea: denuncian nombramientos del Constitucional hechos a dedo

Dos sentencias del Tribunal Constitucional han llevado a la Asociación de Fiscales (AF) a demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A juicio de los magistrados, amparan la política de nombramientos discrecionales de la Fiscalía General del Estado, es decir, denuncian designaciones a dedo dependiendo de la afinidad ideológica

Entiende que la sentencia del TC que el pasado 15 de enero amparó al fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento a dedo por Dolores Delgado fue tumbado por el Supremo, consolida un modelo de designación en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad, pilares esenciales, dicen, en el acceso y la promoción dentro de la carrera fiscal.

Según la AF, el tribunal aceptó esta motivación de Esteban y desdeñó la necesidad de méritos, imponiendo la discrecionalidad a la hora de decidir entre los candidatos y aceptando como criterio su mayor afinidad ideológica. Denuncia una "clara vulneración" del artículo 14 del Convenio, por permitir un sistema en el que criterios ajenos a la capacidad técnica pueden resultar determinantes en la designación de cargos en el ámbito de la justicia.

Además, consideran que esta doctrina "trasciende el caso concreto y afecta al conjunto del sistema institucional" y "debilita las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de derecho".

El TC defendió el nombramiento

En la misma línea, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, subraya que el TC "legitima un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo". La sentencia contó con el voto de cuatro particulares y la abstención de Conde-Pumpido, la mayoría progresista justificó el amparo al fiscal Eduardo Esteban.

"Una vez que el legislador ha regulado, con una densidad normativa determinada, el régimen de promoción profesional y de provisión de cargos, es claro que sus prescripciones resultan plenamente vinculantes para la administración llamada a aplicarlo y para el órgano judicial que debe revisar la correspondiente actuación administrativa" añade.

Por ello, el TC no compartía la decisión del alto tribunal de tumbar el nombramiento de Esteban puesto que no dedicaba "ningún razonamiento jurídico a dilucidar cuál es la base normativa que impide la valoración conjunta de otros criterios distintos al de especialización".

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