Exfiscal general del Estado
Álvaro García Ortiz paga los 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso
También ha entregado los 7.200 euros de multa. El Tribunal Supremo ya dispone del dinero y ha pedido a Alberto González Amador su número de cuenta para realizar el ingreso.

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El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado al Supremo que ya ha hecho entrega de la multa y la indemnización a las que fue condenado por un delito de revelación de secretos: un total de 17.200 euros. Así lo ha hecho saber en un breve escrito, de tan solo 1 página, redactado por la Abogacía del Estado:
"El ingreso por importe de 17.200 euros se encuentra realizado por mi representado a todos los efectos, siendo los fondos empleados procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales. El Sr. García Ortiz asume íntegramente dicho pago como propio", escribe el letrado del exfiscal general, José Ignacio Ocio.
García Ortiz confirma así lo que ya avanzó la propia asociación: varios donantes han aportado voluntariamente distintas cantidades hasta cubrir los 17.200 euros que le reclamaba la justicia. Es decir, García Ortiz ya ha pagado, pero el dinero no ha salido de su bolsillo.
De esos 17.200 euros, más de la mitad, concretamente 10.000, irán a parar a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en concepto de indemnización. Y Amador va a recibir muy pronto esa cantidad, a juzgar por el escrito que ha remitido ya el Tribunal Supremo a su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos: "Requiérase a D. Alberto González Amador para que aporte número de cuenta bancaria de su titularidad, a efectos de transferirle la cantidad de 10.000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil", dice el escrito.
Por otro lado, la defensa de González Amador ha enviado también al Supremo un escrito oponiéndose a la petición de nulidad de la condena que han realizado tanto Fiscalía como el propio García Ortiz. "Esa función de informar (de la Fiscalía) es una posibilidad reglada que tiene como límite absoluto, justamente, el deber de reserva y sigilo inherentes al cargo", señalan.
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