El alcalde de Santiago de Compostela, Angel Currás (PP), se ha reafirmado en que no hizo "nada irregular" y en que tiene "la conciencia muy tranquila", después de que la jueza instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, no le haya impuesto medidas cautelares tras su declaración como imputado por supuesto tráfico de influencias.
Su colaboración con la Justicia es "total" y que mantiene "transparencia total desde el primer momento"
Cuando la primera semana de enero se conoció su imputación en este caso, que investiga una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, Currás aseguró que pondría su cargo a disposición del PP en caso de que la jueza le impusiese medidas cautelares a raíz de su paso por los juzgados.
"En su momento dije que yo consideraba que no había hecho nada irregular, ni que fuera delictivo y que por tanto tenía la conciencia muy tranquila y la sigo teniendo", ha proclamado tras declarar durante aproximadamente hora y media ante Pilar de Lara al ser preguntado directamente si piensa dimitir.
Al respecto, fuentes de su entorno consultadas se han aferrado a que el regidor salió de los juzgados sin medidas cautelares para subrayar que "no es el caso" que presente su dimisión. Asimismo, han argumentado que, al estar en fase de instrucción y estar decretado el secreto de sumario sobre la Operación Pokémon, las imputaciones decididas por la jueza en su momento aún siguen vigentes y no se esperaba que se levantase de forma automática tras la declaración.
Se muestra confiado
Currás llegó a los juzgados lucenses en torno a las 11.30 horas, pero no inició su declaración ante la instructora hasta las 13.00 horas. "Estoy tal y como estaba, tranquilo y realmente satisfecho de haber colaborado con la jueza en todo lo que ella me ha preguntado. Creo que hemos aclarado suficientemente la situación. Estoy muy satisfecho y desde luego confiado", declaró ante los medios de comunicación.
Asimismo, el alcalde compostelano ha insistido en que su colaboración con la Justicia es "total" y que mantiene "transparencia total desde el primer momento". "Así ha sido en la declaración ante la jueza", ha agregado.
Ángel Currás se ha reafirmado en que no hizo "nada irregular"
Angel Currás se amparó en que el caso se encuentra "bajo secreto de sumario" al ser preguntado por los extremos por los cuales había sido interrogado por la instructora del caso Pokémon. "No puedo hablar nada del sumario que es secreto", insistió.
No obstante, previamente el jefe de gabinete de la Alcaldía de Santiago de Compostela, Francisco Castro, también imputado por tráfico de influencias en la Operación Pokémon, había reconocido que la mayoría de las preguntas que la jueza le planteó versaron sobre la adjudicación de una guardería en Salgueiriños.
El jefe de gabinete de la Alcaldía de Santiago de Compostela, quien también salió de los juzgados sin ningún tipo de medida cautelar, aseguró que respondió "a todas" las preguntas planteadas por la jueza. Por su parte, su abogado, Ulises Bértolo, subrayó que Francisco Castro lo que hizo fue "colaborar con el juzgado para aportar los datos para que se esclarezca la situación".
Guardería de Salgueiriños
Precisamente las indagaciones sobre la adjudicación de la guardería de Salgueiriños ya habían llevado a los juzgados a la concejal de Educación y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Santiago, Rebeca Domínguez Iglesias, el pasado mes de diciembre. Esta edil, de 29 años de edad, también está imputada junto al funcionario de su departamento José Manuel R.A. por supuesto tráfico de influencias en la Operación Pokémon.
Una de las primeras misiones de Rebeca Domínguez en el Ayuntamiento de Santiago, donde entró el 11 de mayo pasado al correr la lista tras la dimisión de Gerardo Conde Roa como alcalde, fue la apertura de la escuela infantil de Salgueiriños, que empezó a funcionar el pasado septiembre y cuya gestión fue adjudicada a Sermasa (Servicios y Materiales S.A.), del grupo Vendex, eje central del caso Pokémon.
Esta guardería funcionaba de manera provisional porque se hizo una concesión temporal de tres meses, desde el 6 de septiembre hasta el 31 de diciembre, para que empezase con el inicio del curso. La adjudicación a Sermasa por ese período fue por 92.586 euros.
En la Operación Pokémon fueron detenidos el pasado mes de septiembre los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), quienes dimitieron de sus cargos. También renunció a raíz de este caso Fernando Varela, que era edil del BNG en Ourense, mientras que también permanece imputado el regidor de Lugo, José Clemente López Orozco (PSOE).
