El Gobierno comprará el 10% de Telefónica

El Gobierno comprará hasta un 10% de Telefónica. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros celebrado este martes. El Ejecutivo ordenará a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que se haga cargo de hasta un 10% de su capital social.

Así se ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos", dice parte del texto.

Se convierte en su mayor accionista

Con esta compra, el Gobierno se convertirá en el mayor accionista de Telefónica con un 10% de su capital social, después de que recientemente se anunciara la compra del 9,9% de la empresa de comunicaciones por parte del grupo saudí STC. El Estado toma esta decisión motivada por la entrada de capital saudí.

"Mayor estabilidad accionarial"

"Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario", dice el texto enviado al CNMV.

Primeras reacciones

Las reacciones tras el anuncio de la compra de Telefónica no se han hecho esperar. El PSOE ha justificado la entrada del Gobierno en el accionariado de Telefónica, a través de la SEPI, porque en "todos los países de nuestro entorno", el Estado forma parte de las compañías de telecomunicaciones.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho que Telefónica es una empresa "estratégica" en el mundo de las telecomunicaciones, "que es un sector fundamental para la vida de general económica, política y social de España". Debido a esto, López ha justificado que el Gobierno entre en la compañía "para garantizar un accionariado que ancla, de alguna manera de los intereses de esa compañía a nuestro país me parece perfecto". "Se trata de tomar una decisión sobre una empresa estrategia estratégica para nuestro país y tener los recursos para entrar con ese 10% que me parece que es lo que hacen todos los países de nuestro entorno", donde, explicó, "tienen alrededor del 13% de sus compañías de comunicaciones" y, ahora, en España "también", ha recalcado.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, ha defendido el acuerdo aprobado por el Gobierno: "es una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país", ha dicho en unas declaraciones a los medios de comunicación en el Senado. Señala también que el acuerdo está "en línea" con otros grandes países europeos, como Francia o Alemania, que tienen o están incrementando su participación pública en los operadores estratégicos de telecomunicaciones.

Además, la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, también ha celebrado que el Consejo de Ministros haya dado este visto bueno a que la Sociedad de Participaciones Industriales se haga con hasta un 10% del capital de Telefónica, operación que era una "exigencia" que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trasladó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Lois y el portavoz económico del grupo en la Cámara Baja, Carlos Martín Urriza, han valorado de manera positiva la operación. Martín Urriza ha destacado que supone un paso "en la buena dirección", aunque advierte que no resuelve todas las dudas de Sumar acerca del accionariado de empresas estratégicas.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido quien ha abogado por la nacionalización de Telefónica para que no esté "al servicio del mercado, además, en el peor sentido posible".

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